Una por una, un operario desmonta las lámparas que iluminaban el pasillo de la zona de paritorios del antiguo Hospital Xeral. Primero les quita el tubo fluorescente -con los que ya han llenado un contenedor en la planta- y, después, retira los cables, para dejar el soporte metálico limpio. Coloca cada material en un montón. El proceso se repite con las puertas de madera, de las que separan las bisagras y los pomos. O con las ventanas, cuyos vidrios tendrán que despojar de los perfiles e, incluso, de la silicona que los une. Una laboriosa tarea de clasificación que deberán completar en un plazo de cinco meses y con la que se pretende gestionar la totalidad de los casi 100.000 kilos de residuos que se generarán con los trabajos de vaciado y derribo previos a la adecuación de la futura Ciudad de la Justicia.

"El espíritu de estas obras de demolición es que todo lo que salga de aquí se gestione y que, al menos un 70%, tenga una segunda vida, que sea valorizable", expone su director de ejecución, Manuel Cuquejo. Se incluyó en el proyecto, por un lado, como un compromiso medioambiental y, por otro, para obtener un retorno económico de estos escombros. Según los cálculos del arquitecto que lo firma, Alfonso Penela, se podrán obtener alrededor de 800.000 euros de los residuos separados y vendidos para su reutilización. De hecho, esta cantidad ya fue restada del presupuesto con el que la Xunta sacó a licitación el derribo -de 3,2 millones de euros, aunque luego se adjudicó por 1,85 millones-.

El vicesecretario xeral de la Consellería de Presidencia, Nicolás Vázquez, destaca que este descuento es algo "muy particular", que diferencia a esta obra pública. Ni él ni el gerente de la UTE adjudicataria, Santiago Ferreiro -que lleva 25 años trabajando con la Administración-, recuerdan una en la que se haya llegado a este nivel de detalle en el reciclaje y, menos, con estas dimensiones.

Las peculiaridades no acaban ahí. En el recinto se ha instalado una báscula que soporta hasta 60 toneladas para poder pesar el material que se traslada en camiones a las instalaciones del comprador o del gestor de residuos. También dispondrán, en poco tiempo, de una machacadora con la que convertir en áridos los restos pétreos. Ninguno de los responsables recuerda una demolición en la que hayan contado con una de estas máquinas.

El hormigón, el ladrillo y los azulejos, que se convertirán en arenas para la construcción, representan el 70% de los escombros que se prevén sacar. En volumen, le siguen el acero y la chatarra, por ejemplo, de los conductos de climatización y las tuberías.

En un tercer lugar se posiciona el cobre, entre el de los cables -que se venderán a plantas especializadas que se encargarán de pelarlos- y las planchas con las que está recubierta la torre. Los metales, tras pesarlos en la balanza de obra, se venderán al precio que marque la bolsa de Londres. El más valioso es el latón, que en este edificio se encuentra, por ejemplo, en los grifos más antiguos.

En cuarta posición, en volumen, se coloca la madera, con las miles de puertas, armarios y tapas de registros, que se destinarán a la combustión, para alimentar máquinas de pellets.

Son "al menos" doce los tipos de materiales que se retirarán y de los que se puede obtener un valor añadido. Uno de las reutilizaciones más novedosas es la de escayola para compostaje. También se están planteando reciclar algunas piezas para la futura Ciudad de la Justicia, como los cristales irrompibles de las puertas de seguridad, que son muy costosos. Lo que sí saben que mantendrán son los ascensores de la torre, que están en buenas condiciones.

Hay otro 30% de los residuos que no se va a aprovechar. Algunos de ellos sí podrían reutilizarse, pero no compensa, ya sea por el tiempo que llevaría separarlos o por su coste. Se trata, por ejemplo, de los llamados "paneles sandwich" de las cubiertas, en los que resulta difícil retirar el metal del poliuretano.

En la reducida superficie de la que disponen para almacenar los residuos, cuentan con treinta grandes contenedores, todos marcados con el nombre del material que contienen. Para lidiar con esta falta de espacio, tratan de distribuir el trabajo de retirada por tipos de restos. Los montones se suceden por todo el edificio.

Son entre 30 y 40 trabajadores los que, en un plazo de cinco meses desde principios de julio, deberán acometer este trabajo en los 50.000 metros cuadrados del recinto. Todos ellos, "con formación suficiente" en la gestión de los residuos y supervisados por un técnico especializado en Medio Ambiente y Prevención, Óscar Iglesias. Además, la clasificación pasa por varios filtros para evitar errores.