El gabinete psicosocial de los Juzgados de Vigo, encargado de valorar qué tipo de custodia puede beneficiar a los hijos menores de parejas que han roto su convivencia, se ha visto reforzado con un tercer equipo fijo tras muchos años de carencias y demandas. Su demora de más de año y medio en la emisión de informes de Familia obligó a los jueces a prescindir de sus servicios para no tener parados sus procedimientos durante ese tiempo. Ahora, en concreto desde el mes de julio, este gabinete cuenta con un total de seis profesionales -tres trabajadores sociales y tres psicólogos- para dar salida a los centenares de peticiones de periciales que reciben no solo de las salas de Primera Instancia especializadas en Familia, sino también de los Juzgados de Violencia y Penal, que a día de hoy son los dos órganos que más informes les demandan. La llegada de este nuevo equipo fijo prevé reducir de forma sustancial el atraso en la emisión de estos informes.
Aunque su llegada sea reciente, profesionales del gabinete dependiente el Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) reconocen la importante labor del nuevo psicólogo y trabajador social y prevén que esta lista de espera se reduzca a menos de un año, al encontrarse ya finalizando la tramitación de las peticiones de los Juzgados de Familia. "Sí es cierto que hay mucho menos retraso que antes, pero todavía tendremos que esperar unos seis meses para comprobar el verdadero efecto del nuevo equipo, pero está claro que su incorporación es muy positiva", aclaran desde el servicio.
Convenios con Colegios Oficiales
Con la concesión de este equipo definitivo semejaba que la problemática en relación a la lista de espera en la emisión de informes se terminaba. Sin embargo, profesionales del servicio explican que es precisamente esta demora la "excusa" para la "privatización encubierta" del servicio. Estos expertos han mostrado su malestar tras la firma de un convenio entre la Xunta y el Colexio Oficial de Traballo Social, lo que implica que profesionales de este sector externos al juzgado se encargarán de emitir informes psicosociales en los que se dirime la custodia de un menor o régimen de visitas de sus progenitores. "Están utilizando la excusa de las listas de espera para desviar nuestros informes al sector privado, es una privatización encubierta; si hasta ahora hubo retrasos fue por culpa de la poca plantilla", matizan los profesionales del gabinete vigués.
Tal y como informaba el comunicado del Gobierno gallego, estos trabajadores sociales a los que se desvíen los informes psicosociales deberán ser seleccionados entre los colegiados que cumplan con los requisitos jurídico-administrativos para el ejercicio profesional. Es decir, deberán estar desempeñando actividades de similares características y contar con formación y especialización en el ámbito de la psicología jurídica. Esta premisa no es compartida por los profesionales actuales del Imelga, que sostienen que hay listas de interinos "que llevan años esperando por una plaza". "Hay listas de contratación que deberían respetarse, hay gente formada y baremos; hay profesionales que realizaron sus estudios y han pagado por figurar en esta lista. Si hay problemas de atasco habría que ampliar la plantilla de esta lista y no externalizarlo", sostienen.
Este convenio se une al firmado previamente con el Colegio Oficial de Psicólogos en el mes de mayo, acuerdo que también tacharon de "privatización" del servicio. "Ahora estos trabajadores externos que realicen los informes van a cobrar por ellos, cuantos más hagan más van a cobrar, y eso puede obligar a que prime la rapidez por encima de la calidad en estos informes", apuntan profesionales del gabinete vigués, quienes también se encargan de los procedimientos de los partidos judiciales de Ponteareas, Redondela, Porriño y Tui.
Falta de espacio
Otro de los handicaps que apuntan tras la firma del acuerdo es la imposibilidad de que estos profesionales externos realicen en sus instalaciones el trabajo. "Nosotros mismos compartimos despacho, si vienen otros trabajadores no sé cómo van a hacer o dónde colocarse", explican estos profesionales, que señalan que todavía no les han pedido que entreguen alguno de sus expedientes a otros servicios externos. "Por el momento no, pero es posible que estas demandas nuevas no pasen por nosotros y les lleguen a ellos directamente", valoran.
