El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Vigo ordenó la suspensión cautelar del Área Metropolitana hasta resolver definitivamente sobre la legalidad de su constitución, y este fallo está cada vez más próximo. El tribunal decretó la apertura de la fase de admisión de pruebas para que los ayuntamientos personados en la causa puedan presentar sus documentales. Según precisaron fuentes próximas al caso, algunos de estos concellos sí habrían entregado en el juzgado sus pruebas documentales aunque no se precisó cuáles o sobre qué versan estas periciales.
Una vez concluya esta fase de admisión de pruebas, se emitirá un informe de conclusiones por parte de la Xunta en un plazo de diez días y otro informe por parte del resto de concellos implicados en otro nuevo plazo de diez días. Una vez requeridos estos informes, el juez dictará la resolución al recurso interpuesto por la Xunta de Galicia contra la constitución del organismo del que formaban parte los ayuntamientos de Vigo, Porriño, Nigrán, Gondomar, Cangas, Moaña, Salceda de Caselas y Fornelos de Montes. Se prevé que esta resolución pueda llegar en el próximo mes de octubre salvo contratiempos.
Estas mismas fuentes precisaron ayer que el funcionamiento del Área continua suspendido cautelarmente a la espera de resolver este el pleito.
El magistrado apreciaba en su auto del pasado 5 de abril suficientes motivos para declarar nula la constitución del nuevo ente supramunicipal que vio la luz el pasado 1 de diciembre en una asamblea en Casa das Artes. En el escrito se declaraba "inválida" la conformación de la Mesa de Edad y contemplaba un error formal en la elección de dos representantes de Moaña (BNG) y Gondomar (PSOE) al haber designado a sus representantes de un modo distinto al contemplado en la ley. De esta manera, el juez sopesaba si la constitución de la Mesa de Edad habría sido la misma en caso de que todos los concellos hubiesen designado "válidamente" a sus respectivos representantes.
Por su parte, el juez argumentó esta suspensión cautelar en cuestiones formales y no establecía una relación directa entre la paralización del ente y la falta de acuerdo para la integración de Vigo en el transporte metropolitano que centra el debate político. Otra de las razones que esgrimió el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 fue la advertencia de la Mesa de Edad acerca de que dos consejeros metropolitanos no podían tomar posesión -llegando a abandonar la reunión- por lo que entiende que ese hecho debió tener "la ineludible consecuencia de la suspensión del acto".
