El próximo 1 de septiembre comenzarán a remitirse los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el que aporta los mayores ingresos a las arcas municipales, prácticamente un tercio del presupuesto, que este año asciende a 233 millones de euros. El padrón, que en los próximos días será aprobado en junta de gobierno, refleja un importante incremento económico con respecto a 2016 pese al descenso en el número de inscripciones urbanas que refleja el catastro. En total, la previsión de la recaudación es de 69.108.346 euros, un 8 por ciento más que en 2016, en el que se fijó en 63,6 millones de euros.
El aumento se debe a la incorporación al padrón de alrededor de 500 nuevas viviendas cuyo valor catastral se rige por valores de 2017 y no por el de 1993 que aplicaba hasta ahora la tasa. Además, la regularización realizada por el Ministerio de Hacienda en 2015 y 2016, el conocido como "catastrazo", afloró un gran número de piscinas, garajes y tanto plantas como superficies adicionales en viviendas que también elevaron la cuantía final.
El grueso lo aportan los bienes de naturaleza urbana, con 208.343 de los 210.684 inscritos en el término municipal. La previsión de ingresos de éstos suma 56,4 millones de euros, lo que arroja una media de 270,8 euros que debe pagar cada contribuyente. En 2016 se contabilizaron 212.245 inscripciones urbanas pero de éstas unas dos mil fueron baja en el padrón de urbana y se incorporaron al listado de rústica por estar calificadas como suelo urbanizable sin ordenación detallada.
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Tras las propiedades urbanas, completan el censo en cuanto a recaudación las industriales, comerciales, de ocio, almacenamiento o estacionamiento, oficinas y deportivos. De ellos, las mayores aportaciones proceden de los bienes industriales, que con 685 inscritos y una previsión de 3,3 millones de euros suponen una media de 4.830 euros anuales. Les siguen los inmuebles con uso comercial, con 836 registradas y una previsión de 3,2 millones de euros lo que arroja una media de 3.812 euros por cada una.
Cierran el listado los BICE (Bienes Inmuebles de Características Especiales), 775 en la ciudad, que reportarán 2.387.662,81 euros. Este gravamen es el que afecta a suelos portuarios, autopistas, túneles, embalses o el aeropuerto, por ejemplo.
También el hospital Álvaro Cunqueiro, propiedad de una concesioniaria, forma parte de los BICE y su incorporación al padrón ha contribuido a elevar el valor catastral y, por lo tanto, la recaudación, matizaron fuentes municipales.
Los centros sanitarios públicos, por otra parte, están exentos de este pago al tratarse de propiedades estatales y de la comunidad autónoma, como ocurre con los centros educativos, por ejemplo. También están liberados los edificios de gobiernos extranjeros, bienes de la Iglesia y Cruz Roja y fundaciones y las fincas atravesadas por las vías ferroviarias, así como los bienes declarados históricos de interés cultural.
Previsión real de 66 millones
Según precisaron las mismas fuentes, la cifra de deuda liquidada resultante, de 69,1 millones de euros, no se corresponde con la previsión real de ingresos por este tributo dado que a esta cantidad se le restará el importe correspondiente a las familias que resultan bonificadas con una reducción del 90 y el 50 por ciento del impuesto. Son las familias numerosas las que tienen derecho a esta bonificación en el caso de que los importes brutos anules de sus miembros en el ejercicio fuesen inferiores a 6.223 euros (90%) o inferiores a 7.955 euros (50 por ciento). También están bonificadas las familias con pocos recursos y las viviendas de protección oficial.
Asimismo, se calcula que habrá baja por recursos, recibos impagados o errores en el padrón del catastro por lo que el importe real que ingresarán las arcas municipales estará en el entorno de los 66 ó 67 millones de euros.
Hoy, viernes 18, concluye el plazo para solicitar la domiciliación del recibo para que sea efectiva este año. Tras la emisión de los recibos, el 1 de septiembre, se abre un periodo de recaudación voluntaria que se prolongará hasta el 6 de noviembre, fecha en la que se cargarán los recibos autorizados para ello en las entidades bancarias.
