Las demandas judiciales en forma de avalancha contra los bancos se han convertido en un fenómeno que, por el momento, lejos de remitir, se mantiene en un punto álgido. El escándalo de las preferentes y el clamor que en su día generaron los desahucios supusieron el inicio de esta tendencia, comenzando a llenar los tribunales de casos formalizados por ciudadanos que poco a poco fueron perdiendo el miedo a litigar contra la banca. Las cláusulas abusivas contenidas en contratos hipotecarios y en otro tipo de préstamos -así como los productos financieros complejos comercializados entre ahorradores sin la debida transparencia e información- han dado lugar en los últimos años a un sinfín de pleitos. Y en medio de este escenario general, dos problemáticas de calado se alzan ahora como protagonistas. Una de ellas es la de las cláusulas suelo, que en Vigo ha motivado la creación de un juzgado de refuerzo que en sus dos primeros meses de actividad ya casi alcanza la friolera del millar de causas. Y la otra es la generada tras la intervención del Banco Popular que acabó con la compra de la entidad por parte del Santander por el precio de un euro. Pequeños y grandes accionistas -más de 300.000 en todo el país- perdieron su dinero. Y entre los afectados por esta crisis también hay que contar a aquellos que tenían otro tipo de productos -como bonos convertibles convergente (CoCos), deuda subordinada o depósitos estructurados- y que asimismo han visto desaparecer sus inversiones.
Como ya ha ocurrido con otro tipo de pleitos bancarios, numerosos despachos de abogados de Vigo, sobre todo los que han apostado por especializarse en materia financiera, están recibiendo decenas de consultas de afectados del Banco Popular, tanto de accionistas -en Galicia hay más de 50.000, casi 17.000 de ellos en la provincia de Pontevedra- como de clientes que poseían otros productos. Las consultas comenzaron ya en junio, justo tras estallar la crisis. Y los letrados consultados por FARO coinciden en que habrá una "avalancha" de demandas judiciales.
Los bufetes trabajan intensamente en esta cuestión y en la estrategia a seguir. También se han movilizado colectivos como la asociación de usuarios bancarios Adicae, que prepara una ofensiva de medidas judiciales. Este mismo lunes presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la Junta Única de Resolución (JUR) por la resolución del banco, que desencadenó su desaparición. Y hace escasos días la Audiencia Nacional admitía a trámite otro recurso contencioso que había formalizado por el mismo colectivo, en este caso por el papel del FROB en la venta del Popular al Santander.
Acciones
¿Cuál es la estrategia de los despachos de Vigo? El abogado Agustín Gándara, del bufete Gándara Moure, explica que están trabajando en "cinco acciones distintas", y actuarán en todas ellas. "Eso no significa que todos los afectados vayan por las mismas vías", aclara. Se trata de un recurso contencioso-administrativo en Luxemburgo, otro de la misma naturaleza ante la Audiencia Nacional, así como la vía civil, la penal y una class action (acción colectiva) en EE UU, para lo que ya están en contacto con un despacho de abogados de Nueva York.
Carlos Borrás, de Borrás y Parapar, concreta sobre los accionistas que el consejo que transmite a sus clientes, algo en lo que coinciden todos los letrados consultados, es esperar antes de presentar su demanda. "Recomiendo aguardar a ver cómo reaccionan los tribunales; prudencia y paciencia, ya que estamos en plazo", afirma. Sobre perjudicados por otros productos, como subordinadas, sí que formalizó pleitos ante los juzgados de Primera Instancia. "Ya se ganaron sentencias antes de la intervención del banco", argumenta.
Tomás Santodomingo, de Viana y Asociados, no duda de que habrá un "aluvión" de demandas. Entre sus clientes hay perjudicados que perdieron cantidades que oscilan entre los 8.000 y los más de 240.000 euros. Y Juan Lojo, de Grupo ABC, coincide en que en relación con los accionistas, por "prudencia", lo aconsejable es esperar antes de demandar para poder reunir una "carga probatoria" consistente.
Carlos Borrás | Abogado
"A los accionistas les recomiendo aguardar a presentar demanda; estamos en plazo"
Tomás Santodomingo | Abogado
"Los clientes a los que ya atendí perdieron desde 8.000 hasta más de 240.000 euros"
Juan Lojo | Abogado
"Hay que actuar con prudencia a la espera de reunir una mayor carga probatoria"
Agustín Gándara | Abogado
"Se dan unas circunstancias y falta de forma que llevan a que los afectados podrán recuperar su dinero"
"Consideramos que se dan una serie de circunstancias y de falta de forma en el modo de hacer la incautación del Banco Popular que lleva a considerar eso nulo y que supone que tanto accionistas, como obligacionistas, poseedores de CoCos [bonos convertibles convergentes], de deuda especial... podrán recuperar su dinero". El abogado Agustín Gándara está convencido de que los afectados del que define como "el asunto económico más relevante de toda la crisis económica bancaria española" saldrán victoriosos en la vía judicial.
La estrategia que preparan en su bufete Gándara Moure -donde a diario reciben una decena de llamadas telefónicas y una veintena de correos electrónicos de afectados- pasa por "cinco acciones" judiciales distintas. Y salvo las encaminadas a la vía contencioso-administrativa, con plazos más acuciantes, en otros ámbitos el modo de proceder será por ahora esperar. Pero no será una "espera pasiva". "No tiene ningún interés presentar una demanda ahora; lo que nos interesa es agrupar afectados", explica, incidiendo también en que han encargado periciales financieras que precisan de meses para ser elaboradas con rigor. No hay prisa ya que, aclara, el plazo de prescripción de cara a las acciones penales es de más de 10 años y, para las demandas civiles, más de 5.
Gándara explica las vías que emprenderán. Dos de ellas serán procedimientos contencioso-administrativos, uno en Bruselas y otro en la Audiencia Nacional, en Madrid, en este último caso impugnando la decisión del FROB. Una tercera acción es la vía penal. "Nosotros estamos usando tipos [delictivos] como estafa, falsedad en documento, apropiación indebida, administración desleal, vulneración de secreto... Es toda la tira de delitos económicos que hay en el Código Penal", ilustra. Esta vía, dice, es idónea para "obtener documentación", pero en contraposición es "muy lenta". Y además de la acción civil, su despacho trabaja, en colaboración con un despacho de Nueva York, en una class action en EE UU.
