La Administración General del Estado ha considerado "conveniente dar la conformidad" a la solicitud presentada por la Xunta y asumir "por sí sola" el coste de la financiación de las gratuidades de los recorridos O Morrazo-Vigo y A Coruña-A Barcala.

Así lo recoge un decreto que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que el Ministerio de Fomento recuerda que la supresión del cobro del peaje a todos los vehículos que efectuasen los citados recorridos se decidió en su día "con el fin de solucionar los problemas de tráfico" de esos itinerarios.

La medida se adoptó de forma que se financiaba por la Administración General del Estado y la Xunta de Galicia, "a partes iguales". De ahora en adelante, será el Ejecutivo central el que asuma este coste "en su totalidad", según recoge la norma.

Relata que "durante el periodo transcurrido desde la entrada en vigor" se puso de manifiesto "una diferente evolución de los ingresos por el peaje de los tramos en los que se implantó la supresión del cobro respecto a los del resto de la autopista".

"Los importes abonados por la Administración General del Estado y la Xunta de Galicia en concepto de compensación difieren sustancialmente de los que hubiera percibido la sociedad concesionaria de no haberse adoptado la citada medida", asevera.

Por este motivo, considera esta situación "perjudicial para las administraciones implicadas" y habla de "un cierto enriquecimiento injusto para la sociedad concesionaria", por lo que estima necesario modificar el procedimiento de compensación.

Reunión el lunes

Precisamente, la AP-9 centrará en buena parte la reunión que este lunes mantendrán el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Este encuentro se producirá en un contexto en el cual el Gobierno de España ha vuelto a vetar que el Congreso debata la propuesta para la transferencia de la titularidad de esta autopista a Galicia, aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego.

Importes "inferiores"

El decreto que publica esta jornada el BOE modifica, en concreto, el convenio entre la Administración General del Estado, la Xunta y la sociedad concesionaria, Audasa, que se aprobó en 2006.

Los nuevos importes de compensación calculados son "inferiores" a los compromisos de gastos autorizados por el Consejo de Ministros de ese año, según apunta la norma, "lo cual -dice- permite y motiva que la Administración General del Estado asuma por completo la financiación".

A la vista de esto, establece también que, con el fin de regular las nuevas condiciones, "habrá de ajustarse el cálculo de la retribución con la que compensar a la sociedad concesionaria por la aplicación de la medida adoptada en el año 2006, definir el nuevo plazo de su abono y determinar la administración que asumirá el coste de la misma". De ahí que el decreto publicado este sábado modifique el convenio suscrito hace 11 años.