Además de adjudicaciones de obras, las pesquisas de la Patos fueron más allá. Pero tampoco estas otras cuestiones, de aceptar la juez lo que demanda el fiscal, llegarán a juicio. De la Delegación de la Xunta se investigaba la concesión de un curso de formación y la presunta recolocación laboral de un funcionario en un puesto de superior retribución, pero el Ministerio Público no ve delito.
Tampoco lo ve, en el caso del Concello, en la contratación de personal por parte de la concesionaria Cespa supuestamente a solicitud del concejal Ángel Rivas, ni tampoco en la asistencia a un congreso sobre parques y jardines en el año 2013 en Málaga de un técnico municipal.
