El fiscal solo ve delito en 6 obras menores de los más de 35 contratos que cita en su informe

Cinco adjudicaciones que pide enjuiciar son de la Diputación -Son un expediente derivado del campo de fútbol de Moraña y trabajos en Vigo y Fornelos -El otro proyecto es del Puerto

15.07.2017 | 02:19
Imagen del registro realizado en la Diputación de Pontevedra en 2014 en el marco de la "Patos". // G. Santos

Las presuntas ilegalidades en la causa principal de la Operación Patos se limitan a seis adjudicaciones de obras. Este es al menos el criterio del fiscal de Delitos Económicos de Vigo, que en su informe elevado esta semana al Juzgado de Instrucción 7 concluye que en los restantes trabajos que estaban bajo sospecha -en su escrito analiza uno por uno más de 35- no existe materia penal, pese a que en algunos si ve irregularidades administrativas. A la espera de lo que decida la juez, dictamen que no se conocerá hasta septiembre, los expedientes en los que el Ministerio Público estima que se incurrió en delito corresponden en cinco casos a la Diputación Provincial de Pontevedra y en otro a la Autoridad Portuaria de Vigo. No todas fueron obras adjudicadas a la empresa Eiriña, propiedad de Enrique Alonso Pais, presunto cerebro de la trama, pero de una manera u otra esta firma viguesa aparece como hilo conductor en todas ellas.

Sobre la Diputación, el fiscal cita en este último informe 12 obras. Y pide dejar fuera de la causa siete de ellas: el expediente principal del campo de fútbol de Moraña, las obras de otros campos en Coia y Coruxo en Vigo, trabajos de saneamiento en Nigrán y Poio y otros proyectos menores en Meis y A Estrada.

Sobre las cinco restantes, sí considera que se debe seguir el procedimiento. En la que solicita enjuiciar al expresidente del órgano provincial Rafael Louzán es en la de mejora de vestuarios y gradas del campo de Moraña, adjudicada en 2013 a Eiriña por más de 86.000 euros. Aquí el Ministerio Público coincide con el atestado policial en que se habría tratado de una adjudicación "amañada" para compensar pérdidas económicas sufridas en la obra previa principal de la instalación deportiva.

Otro proyecto en el que ve materia delictiva es la reforma del centro de la comunidad de montes de Coruxo. Y tres más de la Diputación sobre los que insta a seguir el caso son la adecuación del atrio de la capilla de San Cibrán en Bembrive (Vigo) y otros dos en caminos de Fornelos de Montes.

Junto a estos trabajos, la acusación pública demanda llevar a juicio un contrato dependiente del Puerto vigués, de 2013, que consistió en la ampliación del puesto de control anexo al escáner aduanero de contenedores, que se adjudicó a la empresa de Pais por poco más de 26.000 euros (sin contar el IVA).

Concello y Xunta

Fuera de los expedientes de Diputación y Autoridad Portuaria, el fiscal no aprecia irregularidades delictivas en ningún otro. Así, solicita dejar fuera todos los que fueron objeto de pesquisas de la Delegación de la Xunta en Vigo: contratos menores de obras en residencias en Vigo, Vilagarcía y Panxón (Nigrán) y otros de los que no especifica cantidad que fueron adjudicados a dos empresas. También pide lo mismo para las obras del Consorcio del Casco Vello: trabajos en 11 locales de esta zona y otros en edificios de las calles Ferrería y San Sebastián.

Y lo mismo para todas las que se citaban en el abultado sumario de la causa en referencia al Concello vigués. Los proyectos -concreta una quincena- eran de la más diversa índole: de humanización en calles como Nicaragua, Hispanidad o Aragón; de mantenimiento en el entorno de la iglesia de Zamáns; el del Centro de Interpretación de Vigo y su Ría; adecuación de la parcela del aparcamiento de Navia... Entre los más importantes estaba un expediente relativo al estadio de Balaídos o las plantaciones en Castelao.

Ya no se trata de una obra en sí, pero otra cuestión que fue objeto de investigación en el caso del Ayuntamiento fue la prórroga y ampliación del contrato de mantenimiento de jardines a Cespa. Una adjudicación en este caso millonaria. Más allá de que pudiese haber irregularidades en vía administrativa, se refiere en el informe conocido esta semana, tampoco aquí la Fiscalía aprecia ningún delito. No hay "datos objetivos" de que hubiese "intereses espurios" ni "supuestas compensaciones económicas" hacia esa concesionaria.

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