España tendrá que afrontar una multa de la Unión Europea significativamente menor de lo esperado por el retraso en la aprobación de la reforma que liberaliza el sector de la estiba. Así, a pesar de que la Comisión Europea exigía una sanción de 24 millones de euros, finalmente ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rebajó la multa a 3 millones de euros más las costas del proceso, apenas un 12 por ciento de la multa inicial.

El Tribunal estimó que el incumplimiento que se imputa a España debe ser considerado "grave" ya que el incumplimiento persistió durante "un tiempo significativo" de 29 meses y porque afectó a los fundamentos del mercado interior, en especial a la libertad de establecimiento, subraya. Con todo, la sala europea ha tenido en cuenta la "buena fe" del Gobierno español por su disposición a colaborar con la Comisión Europea para llevar a cabo la reforma

Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, valoró de forma positiva el hecho de que la multa se haya rebajado finalmente a 3 millones aunque consideró que la sanción se podría haber evitado si los grupos políticos no hubiesen impedido aprobar antes la reforma.

"La primera vez que acudimos al Congreso para aprobar el Decreto Ley de reforma de la estiba teníamos una notificación de la Comisión Europea que decía que, si lo aprobábamos, la parte ya devengada de la multa, que entonces ascendía a 24 millones, no iba a tener que pagarse", detalló el ministro.

"La segunda ocasión que llevamos el Decreto Ley al Congreso, en mayo, la posición era distinta", señaló De la Serna, que por ello asegura que "si se hubiera aprobado en la primera ocasión, los españoles no hubieran tenido que pagar nada". En todo caso, remarcó que el decreto de la estiba ha servido para poner "punto y final a una etapa complicada".

Mientras tanto, la Comisión Europea se limitó a "tomar nota" del fallo judicial y evitó hacer comentarios sobre la rebaja en la sanción señalando que lo relevante es que las autoridades españolas hayan "abordado las restricciones" a la libertad de establecimiento que había en los puertos con una reforma que contribuye a la "competitividad del sector" y protege a los trabajadores portuarios.