El Parlamento hizo ayer un llamamiento a las empresas que efectúan las obras de ampliación del puente de Rande a "respetar las condiciones laborales y salariales" tras aprobar por unanimidad una iniciativa presentada por el diputado del BNG Luis Bará tras la muerte de un operario, el pasado 5 de julio, que se precipitó por una altura de unos cinco metros cuando colocaba precisamente una valla de protección para evitar caídas, al no tener puesto el arnés de seguridad.
Así, una comisión del Parlamento aprobó por unanimidad una resolución exhortando a la comisión de seguimiento sobre la AP-9, encargada de supervisar las obras de esa infraestructura que explota bajo concesión por el sistema de pesaje la empresa Audasa, a "promover" por parte de las empresas que efectúan las obras en el puente de Rande, el "respeto" de las condiciones laborales y salariales.
La proposición no de ley presentada por el BNG señala que en las obras que lleva a cabo la unión temporal de empresas (UTE) para ampliar a dos carriles más ese puente hay una "situación de explotación laboral" como consecuencia de la "desprotección que promovieron las sucesivas reformas laborales, y por la imposición de la precariedad a los bajos salarios con la excusa de la crisis". Añade que los trabajadores están "sometidos" a condiciones laborales "con jornadas que llegan a 10 y 12 horas y salarios de 8 euros la hora".
El texto aprobado también señala que esas condiciones laborales "suponen un fraude para las arcas públicas" y una "pérdida de numerosos puestos de trabajo ya que por cada dos trabajadores con jornada de 12 horas podría crearse un puesto de trabajo".
"Lamentablemente tuvo que haber un muerto para que hubiese una reacción", comentó el diputado del BNG, quien añadió que "igual si no hubiera habido un muerto no habríamos adoptado la decisión que tomamos aquí".
Bará señaló que el sindicato CIG ya había denunciado días antes de ese accidente mortal la falta de respeto de las condiciones laborales y salariales y en ese sentido, indicó que en su iniciativa "apela a la comisión" de seguimiento, pero insistió en reiterar su petición de que la gestión de que esa infraestructura viaria sea competencia de la Xunta y no del Gobierno central.
Caballero pide el tramo urbano
De la AP-9 también habló ayer el alcalde de Vigo, que instó a la Xunta a encargar el proyecto para la transferencia a Vigo del último tramo y la construcción de un enlace desde Teis que evitase el paso de 350 camiones de cinco ejes por la calle Sanjurjo Badía. "Es una cuestión capital, no descarten que cualquier día prohibamos la circulación si la Xunta no da ningún paso", aseveró Abel Caballero, que recordó que el Concello presentó un boceto general de cómo puede hacerse esta conexión pero que es competencia de la Xunta y Fomento hacer el proyecto. "Estoy esperando pero la paciencia se empieza a agotar", advirtió.
