Visto para sentencia el juicio contra los antiguos dueños de GEA, que piden su absolución

El Ministerio Fiscal critica la ausencia de pruebas fundamentales en la instrucción -La acusación cree "acreditados" los delitos

29.06.2017 | 02:10
José Orozco y Vicente Mata, en el banquillo. En el de los letrados, los hermanos Jiménez (centro). // M.G.B.

El juicio contra cuatro antiguos propietarios del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) quedó ayer visto para sentencia tras la declaración de los últimos testigos y la lectura de las conclusiones por parte del Ministerio Fiscal, la acusación particular y las defensas de José Orozco, Vicente Mata, los hermanos Francisco y Mariano Jiménez Ambel (que se representan el uno al otro) y las de las empresas Pickman y Corvagal.

Como en la jornada inicial del juicio, el Ministerio Fiscal reiteró que el delito de alzamiento de bienes que se imputaba a los acusados por la salida de GEA de 115 millones en cheques al portador y la petición de un préstamo a nombre de Vanosa por 450 millones que nunca se pagó está "prescrito" y además de lamentar la dilación "excesiva" y "no justificada" de la instrucción, iniciada en 1996, también detectó graves errores en ésta al no incluir esta "pruebas periciales fundamentales" como una auditoría externa por un perito, o los informes de la administración concursal o los de la operación crediticia y los talones "con una simple diligencia al Banco de España para saber en qué cuentas se ingresaron". "Sorprende su ausencia", señaló.

Tras recordar que una sentencia ya calificó la operación de venta de GEA por parte del INI a Pickman-Estudesa como fraudulenta, el Ministerio Público rechazó los cuatro delitos que pide la acusación particular al considerar que éstos parten del propio delito de alzamiento de bienes y consideró que no están por lo tanto justificada la estafa, apropiación indebida y contra la seguridad de los trabajadores. En cuanto a los acusados, antiguos propietarios de GEA, lamentó que estos se hubiesen limitado a "responsabilizar de todo al Instituto Nacional de Industria (INI), al Banco Exterior, a la Xunta y a Tatay, curiosamente el único que no está" y contrapuso los hechos probados de que la firma Vanosa se constituyó ad hoc para pedir el préstamo de 450 millones de pesetas que nunca se pagó y que supuso la pérdida de los terrenos de GEA que se habían puesto como garantía. "Desde el principio de la operación de compra-venta era previsible que GEA acabara en el proceso concursal como ocurrió", subrayó.

Por su parte, la abogada de la acusación particular argumentó que tales delitos sí están justificados y remarcó que "resulta acreditado que los acusados se apropiaron de 115 millones de pesetas de las arcas de GEA y de 450 millones del préstamo". Además, consideró que los acusados "se contradicen" en sus declaraciones y al respecto de la acusación de estafa recalcó que "el engaño fue convencer al INI de la compra" .

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