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La venta y desaparición del Grupo de Empresas Álvarez llega a juicio

Los propietarios de Álvarez culpan al Estado de la quiebra de la empresa de loza en los noventa

El Ministerio Fiscal retira su acusación al considerar que el delito de alzamiento de bienes que lo motivó está prescrito pero avala que siga el proceso con la acusación particular -Cuatro de los cinco acusados, en el banquillo

27.06.2017 | 04:55
En el banquillo de la defensa, en el centro, dos de los acusados, los hermanos Mauricio y Francisco Jiménez, que se defienden el uno al otro. Delante del público, los otros dos acusados, Vicente Mata y José Orozco. // A.M.

Cuatro de los cinco antiguos propietarios del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) se sientan desde ayer en el banquillo acusados de estafa, apropiación indebida, alzamiento de bienes y delito contra la seguridad de los trabajadores. Les acusa el Grupo de Opinión GEA (GOG) -formado por extrabajadores de Álvarez-, que pide para cada uno 22 años de prisión y que representa a un centenar de extrabajadores y es la única acusación que continúa en el proceso tras retirar el Ministerio Fiscal la suya, por alzamiento de bienes, al considerar que ésta ha prescrito tras "prolongarse indefinidamente" la causa. Durante sus intervenciones, José Orozco, los hermanos Mariano y Francisco Jiménez Ambell y Vicente Mata coincidieron en señalar al desaparecido Instituto Nacional de Industria -ahora Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)- como culpable de la quiebra y desaparición de la antigua fábrica de loza por incumplir el acuerdo al que habían llegado para reflotar la empresa. También acusaron a la Xunta del desenlace final de GEA, que pasó de liderar el mercado y contar con más de 5.000 trabajadores a cerrar en 2001 tras la venta de la empresa del INI a la sociedad Pickman y posteriores segregaciones por parte de Estudesa, pieza central del grupo de empresas.

Y es que lo que la Sección Quinta de la Audiencia Provincial juzga hasta el viernes, día 30, parte de una denuncia presentada en mayo de 1996 por un grupo de extrabajadores. Tras más de veinte años, numerosos recursos y varios aplazamientos del proceso desde enero de 2016 al no presentarse el quinto acusado, Enrique Tatay, -en rebeldía y que tampoco compareció ayer- finalmente los quince exempleados de GEA que asistieron a la vista pudieron ver cómo los empresarios daban explicaciones de lo ocurrido hace más de un cuarto de siglo. "Es una satisfacción ver cómo al menos se sientan en el banquillo, aunque llega muy tarde", señalaba ayer una de ellos. Otro lamentó que no estén acusados miembros del comité de empresa y del INI ya que, subraya, el Estado tendría que admitir su responsabilidad para que "al menos, pudiésemos cobrar las indemnizaciones".

En la responsabilidad de la sociedad estatal se centraron los cuatro acusados durante sus declaraciones, en las que tan sólo respondieron al Ministerio Fiscal y la defensa. Entre ellos, los propios hermanos Jiménez Abellal, que se representaron el uno al otro. También comparecieron como imputadas las empresas Corvagal y Pickman.

El primero en declarar fue José Orozco, director general entre 1991 y 1996. Tras su llegada, se produjo la venta a Pickman por 100 millones de pesetas y una semana después salieron de las oficinas de GEA seis cheques al portador por 115 millones "Yo no participé en esa operación", remarcó ante las preguntas del Ministerio Fiscal, que también le interrogó por la creación de la sociedad Vanosa y la petición al día siguiente de un préstamo por 450 millones que cobró Estudesa con el aval de terrenos de GEA. "No le puedo precisar", dijo sobre si había sido una empresa creada ad hoc para el préstamo. Ante el impago de éste, el solar fue adjudicado al Banco Exterior en 1996. La vaguedad de las respuestas de Orozco fue recibida con aspavientos entre los trabajadores, a los que la juez llamó la atención.

Tras Orozco intervino Mariano Jiménez, administrador de Estudesa entonces. "Había un plan de viabilidad consensuado", remarcó el acusado, que relató que la situación de GEA en ese momento era "horrible, con una plantilla superdimensionada, una capacidad de producción infrautilizada, un pasivo muy alto y una pérdida de credibilidad con los suministradores". "GEA era un desastre y necesitaba un saneamiento importante", aseveró Jiménez, que subrayó que Pickman "pagó" y posteriormente "recuperó" los 100 millones de la compra como establecía el acuerdo con el INI. "No era un precio simbólico, era un precio ficticio, GEA no valía 100, valía menos dos mil y pico millones", remarcó. Así, según su relato, la sociedad estatal "tenía que darnos ayudas en efectivo para reducir la plantilla pero no nos las dio, lo que nos envolvió en una vorágine horrible", subrayó Jiménez, que precisó que se fue en 1994 de la empresa por desavenencias con Tatay "que ya andaba por allí" pese a que su llegada no consta hasta 1996. "El INI incumplió su compromiso", insistió Jiménez, que también arremetió contra la Xunta al señalar que "no nos dio el aval acordado".

Plan de viabilidad

Tras él intervino su hermano, Francisco Jiménez, que dijo que fue quien elaboró un plan de viabilidad para GEA que "no fue aprobado" en una "xuntanza" ya liderada por Tatay. "El que se burló del Consejo de Ministros fue el INI, no nosotros", manifestó Jiménez, que dijo que "Vanosa se iba a vender y GEA quedaba limpia y saneada por el aval de 2.500 millones que daba la Xunta pero no cumplió y el Banco Exterior ejecutó esa garantía de los terrenos porque se sintió burlado", alegó. "A partir de ahí pidieron que vendiésemos todas las acciones al señor Tatay y esa fue toda la película", concluyó el acusado.

El último en intervenir fue Vicente Mata, quien mantiene otra causa paralela contra los hermanos Jiménez por no pagarle el paquete de acciones del que se desprendió en 1992 cuando decidió irse del consejo de administración de Álvarez. El empresario relató que fue él quien recogió e ingresó los cheques al portador en el Banco Exterior para Pickman cuyo destinatario final era el INI. "El pacto que te níamos significaba que el INI se hacía cargo para reflotar la empresa. Estudesa no habría podido y no íbamos a comprometer nuestras empresas que funcionaban bien. El INI siempre tuvo toda la información, estábamos todos controlados y era legal. Todo fue una operación política. ¿Acaso el Banco Popular vale 1 euro? No. Pues esto es lo mismo", aseguró.

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