La juez de la Audiencia Provincial en Vigo rechazó ayer el sobreseimiento de la causa, pedida por las defensas que alegaron que los posibles delitos han prescrito. También solicitaron la nulidad de la acusación particular al no saber "quiénes son ni a quiénes representan" y la "indefensión" ante esta acusación que relata, subrayaron, "unos hechos inconexos en un festival de delitos" y, finalmente, la no celebración del juicio al considerar que la causa ya fue juzgada y archivada por la Audiencia de Madrid, en 2008. Tras un receso de 45 minutos, la magistrada rechazó todas las peticiones al considerar que "los hechos no están prescritos y lo demás se valorará en la sentencia" e inició el juicio, que continuará hoy, martes, con la declaración de cinco testigos. Tan sólo se retiró la acusación del Ministerio Fiscal tras señalar éste que el alzamiento de bienes que la motivó sí había prescrito por una "dilación inaudita y extraordinaria" pero no el mismo delito que imputa la acusación particular. "Su acusación no está prescrita y es evidente que los trabajadores son perjudicados por lo ocurrido", señaló. El fiscal solicitaba para tres de los acusados sentados ayer en el banquillo -no incluye a Vicente Mata y sí a Enrique Tatay, en rebeldía- una pena de tres años de prisión y 15.000 euros de multa.
"La acusación particular son estos señores, trabajadores de GEA a los que ustedes conocen. Son perjudicados porque se les adeudan salarios, cuotas de la Seguridad Social, indemnizaciones y sus trabajos porque se descapitalizó la empresa en la que trabajaban y por eso estoy yo aquí", aseveró durante su turno la abogada de la acusación particular.
