La imparable fuga del Puerto de Vigo de mercancías como la pesca congelada colma la paciencia del presidente Enrique López Veiga. Convencido de que la causa del desvío de contenedores a Leixões (Oporto) guarda relación con el excesivo celo de los funcionarios del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) de Guixar, ha solicitado por carta a la Comisión Europea un "análisis comparativo" del funcionamiento del filtro aduanero en ambas terminales. Confrontando las prácticas en los dos puestos de control, López Veiga cree que podrán descubrirse las razones por las cuales, por ejemplo, un mismo depósito que se rechaza en Vigo entra sin problemas por Leixões.
Considera que solo analizando el control documental del puesto de Guixar, como el realizado esta semana por inspectores comunitarios, servirá de bien poco para localizar las causas reales de esa fuga de mercancías. Esta auditoría fue solicitada por el Ministerio de Sanidad dentro de las medidas anunciadas por su número 2, el secretario general de Sanidad y Consumo, Javier Castrodeza, de cara a solucionar los fallos que colectivos empresariales apuntan como causantes del desvío de tráficos a Portugal. Sin embargo, las "acciones" propuestas por el departamento de Dolors Montserrat, a juicio de López Veiga, "resultan insuficientes".
Así consta en la carta a la que ha tenido acceso FARO donde el presidente explica a los miembros del consejo de administración los motivos del requerimiento triple enviado a la DG Mare, a la DG de Competencia y a la DG de Salud y Seguridad Alimentaria. "Con el objetivo de completar las acciones del Ministerio de Sanidad", reclama a esas tres direcciones generales de la Comisión Europea "un análisis comparativo de las prácticas en cada puerto, con especial referencia al de Leixões, que parece ser menos exigente que Vigo y todo ello dentro del más estricto respecto a la Legislación Comunitaria".
Velar por la aplicación uniforme
En las 19 páginas de este triple requerimiento, de cuya remisión a la CE ya ha informado a Castrodeza, el presidente del Puerto expone las cuestiones que justifican la realización de ese análisis comparativo. Basándose en informaciones de los importadores asegura que existe "una aplicación divergente" de la normativa comunitaria por parte de los Estados miembros que ante "la pasividad de los servicios de la Comisión Europea" propicia una competencia desleal entre puertos y una distorsión del mercado interior. Por ello recuerda que la CE "en tanto que guardiana de los tratados, tiene la obligación de velar por la aplicación uniforme de las disposiciones comunitarias por todos los Estados miembros" e incluso de intervenir ante la confirmación de las citadas distorsiones.
El informe encargado por el Puerto a una consultora radiografió mediante entrevistas con directivos de industrias de Vigo la tipología de inconvenientes que sufrieron a la hora de importar por Guixar. Trabas a las que alude el presidente en su requerimiento a la CE al citar casos de mercancías rechazadas por "imperfecciones en la documentación (estado físico de los certificados, legilibilidad, tinta, etc)" cuando estos mismos contenedores pasaron los controles del PIF de Oporto. Pero es que la normativa comunitaria "no establece ninguna norma específica en relación al estado físico de la documentación" sino que, mantiene Veiga, únicamente tiene como finalidad determinar si la información que consta en ella "se corresponde con la comunicada previamente".
Como ya defendió en anteriores ocasiones, el dirigente de Praza da Estrela recalca que "la Comisión ha confirmado el régimen de inspecciones en Leixões como ejemplar y el Sistema de Alerta Rápida de la UE no ha notificado alarma en ningún momento". De todos modos, en concreto en el requerimiento a la DG de Salud y Seguridad Alimentaria se pide que "actúe para asegurar un control documental idéntico de las importaciones" provenientes de terceros países en todos los Estados miembros "y que homogeneice las normas que regulen esos controles, con especial atención al control documental entre los puertos de Leixões y Vigo".
En similares términos se dirige a la DG de Competencia, a la que solicita la elaboración de un expediente sobre la posible distorsión de la competencia en materia de importación. Y en cuanto a la DG Mare pide que adopte "las medidas necesarias para asegurar que todos los Estados miembros apliquen de una manera armonizada y con el mismo rigor los controles establecidos para la lucha contra la pesca ilegal".
Por la seguridad en las afirmaciones del Puerto, la CE parece que estaría obligada a atender lo que solicita. Pero en caso de que la desatendiese no descarta "acudir judicialmente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el no pronunciamiento por parte de la Comisión al respecto", avisa.
