El juzgado de refuerzo de cláusulas suelo creado el 1 de junio sigue paralizado. Ayer, cumplidos nueve días desde que arrancó la medida, las demandas aún no habían podido empezar a ser tramitadas. Y su número no para de crecer. Al mediodía ya se había alcanzado una cifra tan redonda como simbólica: 100 litigios. El sinfín de contratiempos que se continúan aliando para mantener esta parálisis ha hecho a magistrados, abogados y otros operadores judiciales envidiar el modelo que hubo con las preferentes, una sala especializada que, al margen de los ajustes propios de un nuevo órgano judicial, inició su actividad sin mayores problemas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué se hizo bien entonces y qué está fallando ahora? El juez decano de Vigo, Germán Serrano, resumió ayer así su percepción: "La diferencia básica es que ni Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni Ministerio de Justicia han querido asumir desde el principio para las cláusulas suelo el modelo que hubo para preferentes; había que crear desde un inicio, como se hizo entonces, un juzgado nuevo y autónomo, que es el que mejor servicio puede ofrecer a los ciudadanos".

La junta de magistrados de Vigo se mostró desde un principio contraria a vincular el refuerzo de estos litigios bancarios a un tribunal ya existente, que es lo que ha ocurrido finalmente recayendo esta dependencia en el Juzgado de Primera Instancia 14 de la urbe olívica. Ello en virtud del plan aprobado por el CGPJ solo una semana antes de su puesta en marcha. Precisamente, este corto período de tiempo del que se dispuso hasta el 1 de junio, junto al hecho de que no sea un tribunal independiente, también está teniendo mucho que ver con el rosario de problemas que se han venido sumando estos días.

"Se ha empezado a rodar poco a poco", afirmaba ayer el juez decano. Serrano reconoce que desde el 1 de junio ha sido necesario resolver in extremis las problemáticas que fueron surgiendo. A su juicio, la Xunta "ha cumplido". "Nombró a tres funcionarios, dispuso los ordenadores, ya tiene en marcha el diseño de la sala de vistas...", dice, insistiendo con ello en la "disposición" mostrada por el Gobierno autonómico. "El problema fue que la reunión de coordinación [entre CGPJ, Ministerio de Justicia y comunidades] se celebró el 31 de mayo, solo un día antes del inicio del plan, y hace falta un colchón de tiempo para poner todo en funcionamiento", señala.

En su análisis, el representante de los magistrados vigueses afirma que existió "falta de previsión" por parte del ministerio. De Justicia depende por ejemplo el letrado de la Administración de Justicia (secretario judicial). A día de hoy, el refuerzo sigue sin contar con letrado judicial propio y la labor compete a la del Juzgado de Primera Instancia 14. Serrano señalaba ayer que, por las informaciones transmitidas desde el ministerio, ya estaría en marcha el proceso para que la sala de cláusulas suelo pueda contar con un profesional de esta categoría a tiempo completo, por medio de una plaza en comisión de servicios.

También de Justicia depende que la sala contase con un buzón propio de Lexnet. "Es algo fundamental para que el propio refuerzo pueda hacer directamente las notificaciones y emplazamientos", explica el decano. Inicialmente el órgano ministerial lo rechazó, pero estos últimos días también se ha conseguido que se haya habilitado por fin ese demandado buzón.

Todos estos contratiempos no los hubo cuando en 2013 se creó el juzgado de preferentes, una sala que ya nació con un funcionamiento independiente de las demás -formalmente e informáticamente- y que en su primer día ya contaba, además de con la juez, con una secretaria judicial y seis funcionarios. Para Germán Serrano, la lentitud en el arranque del funcionamiento del refuerzo de cláusulas suelo está en que ni el CGPJ ni el ministerio "quisieron asumir" desde el inicio ese modelo de preferentes que, recuerda, fue "exitoso" en Galicia.

El decano confía en que, una vez se disponga de letrado judicial propio y se solventen las últimas carencias, este refuerzo de cláusulas suelo pueda funcionar en la práctica de forma autónoma, como un auténtico juzgado bis. "Pese a las dificultades, se conseguirá un buen servicio para el ciudadano", afirmaba Serrano. Lo que también queda pendiente es la habilitación de la sala de vistas, que ocupará la planta más inferior -junto al despacho de la juez- del edificio del Casco Vello en cuyo segundo piso están las tres funcionarias. Los primeros juicios de estos litigios bancarios no se esperan hasta septiembre.