Los responsables de Bautista Administradores tienen ya sobre la mesa sus primeras peticiones de condena. Una comunidad de propietarios de Arenal acaba de enviar al Juzgado de Instrucción Número 7 -el que lleva el caso- el escrito en el que solicita una pena de prisión de 11 años para los dos administradores de la gestora: Rafael Bautista y su hija, María. De esa petición, dos años se corresponden con un presunto delito de falsificación en documento y los nueve restantes a otro supuesto delito de apropiación indebida. La comunidad reclama además una multa de 13.500 euros y 61.600 por la responsabilidad civil aplicable a su caso concreto. Una suma de la que -razona- también deben responden las aseguradoras de Bautista.
La comunidad de propietarios de Areal es solo una de las más de medio centenar que han presentado denuncia contra Bautista. Según recoge el último auto de la jueza -emitido el mes pasado- en total denunciaron 80 comunidades de vecinos y particulares, a los que supuestamente Bautista defraudó más de un millón de euros.
A lo largo de los últimos días el juzgado habría recibido ya varias peticiones de condena de comunidades que participan como acusación. Las propuestas de cárcel y multas varían de un caso a otro. También las cantidades que se piden por responsabilidad civil. Según los peritajes encargados por el juzgado, Bautista supuestamente desvió de las cuentas de las comunidades cantidades que oscilan entre los 1.200 y 87.800 euros. En total se estima que entre 2008 y 2013 la firma habría estafado 1,14 millones de euros a clientes repartidos por toda la ciudad. Quedaría pendiente la petición de Fiscalía, en la que previsiblemente se reclame una cantidad global en concepto de responsabilidad civil.
En su último auto la magistrada también confirma que los dos únicos imputados por el caso son los administradores solidarios de la gestora: Rafael y su hija María. El escrito recoge que queda "indiciariamente acreditado" que supuestamente -durante más de un lustro- los dos responsables de la firma "se apoderaron, con ánimo de ilícito beneficio económico y desviándolo y aplicándolo a sus propios fines, de sumas de dinero de las comunidades".
Por último la comunidad de Areal reclama en su escrito que durante el juicio oral se interrogue a los dos responsables de Bautista y se tenga en cuenta el examen pericial. El informe que trascendió a finales del año pasado, elaborado tras el estudio exhaustivo de la documentación de la gestora y las comunidades afectadas, fija la supuesta estafa en 1,14 millones.
A lo largo de sus páginas detalla las tretas que supuestamente emplearon los administradores de la firma para lograrlo. La principal, con la que se relaciona el movimiento de 623.500 euros, sería el uso de una cuenta común a varias comunidades. Otros 296.000 euros se vinculan a transferencias entre cuentas de diferentes comunidades o la emisión de talones que no se correspondían a pagos. Una tercera práctica detectada por los auditores es la extracción de dinero sin motivo o no trasladar a los arrendatarios los pagos que abonaban los inquilinos. Con estos manejos se asocian 100.100 euros.
Bautista fue durante años una de las grandes administradoras de fincas de Galicia. En cartera llegó a sumar 400 comunidades, a las que llevaba la contabilidad de su día a día. A principios de 2013, sin embargo, algunos de sus clientes dieron la voz de alarma al percibir situaciones que consideraban injustificadas. Al poco tiempo se presentaron las primeras denuncias, a las que en cuestión de meses siguió una auténtica cascada de demandas hasta sumar 85. Poco después la empresa cerraba sus oficinas.
