La Xunta reforzará el personal del Servizo de Coordinación da Área Cultural de Pontevedra, al que se remiten todos los expedientes urbanísticos relacionados con obras en zonas con protección arqueológica como son los cascos históricos pero también otros lugares en los que han aparecido o podrían aparecer vestigios. El departamento, que recibe entre 2.000 y 2.200 expedientes cada año, tramita actualmente 1.057 de los cuales 187 proceden de Vigo. Se trata de casos recién abiertos pero también de los que están a punto de resolverse.
Todos ellos abarcan un amplio abanico de proyectos, desde solicitudes para obras menores en viviendas hasta grandes obras públicas como es el caso de la sede de la Universidad en el Berbés o diversas humanizaciones ya que además del Casco Vello, buena parte del ensanche vigués está protegido por Patrimonio Cultural.
La jefa del departamento, María José Echeverría, admite el "importante atraso" que acumula el servicio y lo atribuye a la dificultad de los expedientes que tramitan los cinco técnicos (tres arquitectos y dos arqueólogos) que hay en plantilla. "Todo lo que afecta al planeamiento es complejo y también lo es en sí el propio Patrimonio por lo que no son expedientes sencillos de ver ni de resolver", explica. Entre las mayores dificultades a las que se enfrentan están los expedientes que llegan incompletos, muchas veces procedentes de administraciones locales sin capacidad organizativa ni económica para contar con personal adecuado que elabore la documentación. "No es el caso de Vigo pero hay muchos dossieres que llegan con información deficiente y nosotros tenemos que complementar la información que no se aporta o recomponer el expediente con la normativa correspondiente y todo lo necesario. Solo acometer ese trabajo puede suponer uno o dos meses para un técnico que por otra parte podría resolver en el mismo plazo 60 expedientes de obras menores", aclara Echeverría, que insiste que el problema básico reside en que "entran más expedientes de los que somos capaces de resolver". Para ello, se ha tramitado ya un expediente de acumulación de tareas para incorporar "una o dos personas" más al servicio este mismo mes y también se solicitará ayuda a Santiago con los casos más complejos.
Echevarría afirma que hay algunos informes pendientes de 2015 y la mayoría se remitieron en 2016 y este mismo año por lo que subraya que no hay casos de esperas más largas. "Puede que haya casos que se iniciaron mucho antes pero si siguen aquí enquistados es porque se denegó el permiso y sus promotores, pese a ello, insisten en solicitar obras incompatibles con el Patrimonio", subraya. Los casos más complicados tienen que pasar además por una comisión de arqueología y arquitectura que se reúne cada tres semanas y que resuelve en cada convocatoria entre 50 y 55 expedientes mientras que otros 25 se resuelven cada mes sin necesidad de pasar por esta comisión.
