Aunque hace semanas que no se hacen públicos contactos entre la Xunta, el Concello de Vigo y Adif para avanzar en el proyecto conjunto de las estaciones del AVE y la de autobuses, la tramitación de la obra al amparo de la denominada ley exprés urbanística avanza según lo previsto. La Consellería de Infraestructuras tiene solicitados los 14 informes preceptivos para poder otorgar seguridad jurídica a la actuación. El proyecto conjunto de las dos terminales requiere de la validación de la Dirección General de Carreteras por la afectación a la AP-9, de Fomento por su impacto acústico, del propio Adif, de Aviación Civil, de la Delegación del Gobierno, Telecomunicaciones, Hacienda, Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, Comercio y los departamentos autonómicos de Territorio y Calidade e Cambio Climático.

Una vez que se reciban sus informes, se le dará traslado para avanzar en la tramitación del proyecto conjunto de Mayne y la estación de autobuses de Urzáiz. Y de forma paralela, desde Infraestructuras aseguran que "las negociaciones sobre la financiación de los accesos siguen por buen camino". Xunta, Adif y Concello tienen que cerrar la parte que cada administración asumirá del túnel de entrada que se construirá desde Lepanto y que permitirá a los autobuses salir directamente hacia la autopista evitando el casco urbano vigués.

La propia titular de Infraestructuras, Ethel Vázquez, aseguraba hace unos días que se avanzaba "a buen ritmo" en la tramitación urbanística del complejo, cuyo visto bueno está previsto para finales de verano. Por ahora desde el Ejecutivo gallego se mantiene la intención de licitar este año la terminal de autobuses e incluso que puedan empezar las obras antes de diciembre. La Xunta invertirá 11 millones en la estación intermodal e Immochan 83 millones en el Centro Vialia.