27 de mayo de 2017
27.05.2017
Informe sobre la competitividad en el tráfico de pesca congelada

La investigación de las trabas del PIF avisa de una fuga anual de 114.000 toneladas a Leixões

El 27% de las empresas encuestadas barajan abandonar del todo Vigo para importar pescado por Portugal, mientras que el 18% reducirá su actividad "significativamente" -Desde 2016 ya desviaron 10.335 contenedores (206.700 toneladas)

27.05.2017 | 04:55
Entrada principal a los muelles comerciales del puerto de Vigo. // FdeV

Demoledor. El contenido del informe encargado por la Autoridad Portuaria sobre el Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) refleja la gravedad y variedad de los inconvenientes que sufren los empresas, sobre todo del sector pesquero y de la industria de transformación del congelado, y explica por qué muchas han optado por introducir sus contenedores por Portugal. De las 32 compañías (25 importadoras de pescado y 7 transitarias) entrevistadas para el estudio elaborado por la consultora Eosa, el 80% ya huyó a Leixões atraída por "el mejor funcionamiento y seguridad jurídica de su PIF". A causa de los desvíos ordenados por estas empresas, desde agosto de 2016, cuando surgió la esperpéntica retención en Guixar de un cargamento de gambón argentino por la endeble tinta de sus certificados, el puerto vigués había perdido hasta este abril 10.335 contenedores con 206.700 toneladas. Esta sangría continuará y a un ritmo vertiginoso, de "un mínimo", alerta la investigación, de 114.000 toneladas por año (5.700 contenedores) de persistir las trabas en la inspección de perecederos en la terminal viguesa.

Eosa basa esa preocupante estimación en la revelación por parte de las entrevistadas de sus planes más inminentes. Aunque el 55% mantendrá su actividad en el puerto de Vigo en cifras similares, "un 27% se plantea abandonar completamente sus movimientos de pescado en contenedor en Guixar, y un 18% de las empresas ha decidido que los reducirán de manera significativa". Da igual que operar en Leixões aumente los costes de 300 a 400 euros por contenedor. "La seguridad que les transmite el proceso de importación allí, y las reducciones de costes al evitar retrasos o rechazos injustificados compensan ese importe", razonan.

El "Análisis de la competitividad del Puerto de Vigo en los tráficos de pesca congelada en contenedor" confeccionado por Eosa confirma al Puerto "lo que llevamos diciendo desde hace tiempo", recalcó el presidente Enrique López Veiga, refiriéndose a organizaciones empresariales que como Conxemar alzaron la voz contras las arbitrariedades en el PIF. Así no es de extrañar que las firmas encuestadas puntúen en su mayoría como "malo" y "muy malo" el funcionamiento del puesto de Guixar. A continuación se detallan los principales fallos extraídos del completo catálogo recopilado en el informe:

| Escasa coordinación. El 84% de las empresas percibe "descoordinación" entre las administraciones inspectoras, ejemplificada en la que se produce entre las aduaneras y para-aduaneras. "Al no realizarse simultáneamente, los contenedores que se seleccionen para una inspección física de aduanas (circuito rojo) tienen que volver a posicionarse en el PIF con los costes y retrasos que esto origina", indica el informe. A esto añade que la labor del Soivre (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de Comercio Exterior) "se considera redundante e innecesaria". Además, señalan como "agravante" que España sea "el único país del entorno con este tipo de inspección".

| Trato inadecuado al cliente. Sobre el desarrollo de la inspecciones por parte de Sanidad Exterior, el 95% de las firmas encuestadas asegura que ha tenido "incidencias significativas en los últimos meses" y el 82% declara que no quedaron satisfechas con los motivos ni las explicaciones ofrecidas por los funcionarios. Y lo que resulta más llamativo, el 86% considera que el trato que recibieron "ha sido inadecuado".

| Pegas por erratas. Las empresas critican la "falta de orientación al cliente en los servicios de Sanidad Exterior. "Aunque no existen dudas sobre que las mercancías tienen unas condiciones sanitarias óptimas, cualquier problema documental (una errata, un sello desplazado...) origina una incidencia que puede acabar en un rechazo de las mercancías", relata el informe, lo que genera "grandes sobrecostes" además del "riesgo comercial". "No existe colaboración para solucionar temas formales como etiquetas caídas o problemas de etiquetaje que en otros puertos se solucionan sin excesiva complicación", agrega. También critican que por un "problema documental" en un contenedor se paralice la importación de toda la partida.

| Retrasos por vacaciones. Más de la mitad de las empresas -un 56%- notan "alteraciones en el normal desarrollo" de la actividad del PIF vigués en determinadas fechas, "fundamentalmente en periodos de vacaciones" que provocan retrasos en la inspección y posterior despacho de los contenedores.

| Cambios de interpretación. En sus conclusiones, el informe asegura que el "cambio de interpretación de Sanidad Exterior en Vigo respecto a la necesidad de que los productos provenientes de plantas de terceros países autorizadas por la UE deban proceder además de buques autorizados está originando paralizaciones, retrasos y desvíos de mercancías a otros puertos". De no solucionar pronto este problema, las empresas avisan de que estos tráficos "se pederán inexorablemente".

| Negativa al almacén temporal. Las empresas lamentan el rechazo de Sanidad Exterior a una de sus propuestas. Ante una incidencia documental fácil de solucionar plantean que "se permita la descarga de mercancía, bajo cuenta y riesgo del importador, en un frigorífico con la categoría ADT (Almacén Depósito Temporal), lo que supondría un ahorre de costes", afirman.

Control INDR ineficiente. En cuanto al funcionamiento del control de pesca ilegal no declarada y no reglamentada, las empresas consultadas aseguran que es "lento". "No se puede hacer un seguimiento del estado de los expedientes; no existe un interlocutor al que comentar retrasos no justificados en las verificaciones", argumentan. Como solución proponen la apertura de una delegación en Vigo que se encargue de realizar esta inspección documental.

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