El Instituto Galego de Consumo e da Competencia recibió el año pasado un total de 3.987 denuncias por parte de consumidores en la oficina situada en la delegación viguesa de la Xunta. Estas reclamaciones se tradujeron en 2.411 arbitrajes para resolver las diferencias entre los afectados y las empresas y en la imposición de 320 sanciones por parte del organismo gallego, que ingresó 630.446 euros.
De esa cantidad, ya cobrada por el organismo autonómico, el 72 por ciento se corresponde con las multas impuestas a compañías eléctricas. Las reclamaciones de los usuarios se tradujeron en 119 sanciones y una recaudación por éstas que asciende a 455.505 euros. Las quejas de los consumidores por el gas generaron 15 multas por valor de 31.157 euros. Por último, las sanciones contra otro tipo de empresas, que tienen que ver con las garantías, problemas relacionadas con telefonía o incumplimientos de laudos arbitrales suman los 186 expedientes restantes que supusieron unos ingresos de 143.784 euros.
Se trata sobre todo de quejas de consumidores, explicó el delegado territorial de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, que indicó asimismo que Consumo tramitó 200 reclamaciones contra Volkswagen por el fraude en las emisiones contaminantes de sus motores. Cada una de ellas supone una penalización de 40.000 euros pero no se trata todavía de cifras definitivas ya que si la empresa rectifica la cuantía se reduce considerablemente. Es el caso también, añadió, de la sanción a la concesionaria del abastecimiento del agua en Vigo, Aqualia, impuesta este año por Consumo. Asciende a 210.001 euros por la ausencia de un teléfono de atención al cliente gratuito aunque podría reducirse hasta los 15.000 si se soluciona la infracción. Al respecto de esta cuestión, el delegado territorial de la Xunta arremetió contra el Concello por "ignorar" las denuncias que se han presentado desde 2014 contra Aqualia y que le fueron remitidas desde Consumo como administración competente. "Desconocemos qué pasó con esas denuncias", dijo López-Chaves, que dijo que a partir de ahora será la Xunta la que asuma la "vigilancia". "Es una medida que ya adoptamos con otra multinacional y lo seguiremos haciendo", dijo al respecto de Repsol, que fue sancionada por el mismo motivo y finalmente puso también un teléfono gratuito.
