La oficina viguesa del Instituto Galego de Consumo e da Competencia recibió el año pasado un total de 3.987 denuncias por parte de consumidores que se tradujeron en 2.411 arbitrajes para resolver las diferencias entre éstos y las empresas y en la imposición de 320 sanciones por parte del organismo gallego por una cuantía de 630.000 euros.

El delegado territorial de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, explicó en rueda de prensa que en su mayoría se trata de reclamaciones contra empresas eléctricas, de telecomunicaciones y de gas. Otras de las quejas de los consumidores hacen referencia a la inexistencia de una hoja de reclamaciones y fraude en las garantías, entre otras cuestiones.

López-Chaves precisó que el sistema de arbitraje, que media entre los consumidores y las empresas reclamadas, solo es admisible cuando la empresa se somete voluntariamente a éste y recordó que este sistema supone "un coste de cero euros para el consumidor". Además, explicó que si la empresa no alega el proceso termina con un laudo arbitral que es vinculante.

Las sanciones, precisó el delegado territorial de la Xunta en Vigo, precisó que las cuantías de las sanciones oscilan entre los 150 de las leves hasta los 600.000 de las muy graves. Entre ellas, recordó la sanción impuesta a la concesionaria del agua en Vigo, Aqualia, de 210.001 euros por no contar con un teléfono de atención al cliente gratuito las 24 horas que es una de las condiciones que tiene que cumplir una empresa que presta un servicio de atención continuado.