El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reconoció ayer que el Gobierno no cuenta aún con el apoyo suficiente del Congreso de los Diputados al real decreto-ley de reforma de la estiba y sigue dialogando con todos los partidos políticos. Cuando llevó el primer decreto de liberalización del sector a la Cámara Baja, a mediados del pasado marzo, el Ejecutivo fracasó al recabar solo el apoyo del PNV y abstenerse Ciudadanos.
Tras su intervención en unas jornadas sobre el sector inmobiliario organizadas por El Confidencial y Colonial, De la Serna señaló a los periodistas que el Gobierno "no tiene atado" el respaldo de los nacionalistas catalanes al decreto-ley y sigue dialogando con todos los grupos parlamentarios para intentar lograr un acuerdo, al que es "urgente llegar".
Preguntado por si el real decreto-ley de reforma de la estiba se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros, el titular de Fomento ha dicho que "hay que ser prudentes porque se sigue todavía trabajando en el ámbito político, para cerrar una mayoría suficiente", que permita la convalidación del documento en el congreso.
El ministro explicó que, en paralelo al ámbito político, se está trabajando en el normativo, donde se está redactando "lo que tiene que ser el real decreto, que es el desarrollo reglamentario del real decreto-ley", para poder entregarlo a los sindicatos y la patronal "de cara a su tramitación posterior".
Para el Ejecutivo, la reconversión del sector de la estiba es una cuestión de máxima urgencia. Desde que perdió la citada votación en el Congreso, el ministro ha insistido en varias ocasiones que sobre España pesa ya una sanción de 23 millones a la que se sumará otra de 134.000 euros diarios sin límite temporal que "está al caer". Por esta razón, cada día que pasa sin que el Gobierno resuelva esta cuestión, la multa aumenta, y es la principal argumentación que utiliza para justificar la necesidad de aprobar la reforma "cuanto antes".
Al impacto de la estiba en la competitividad del Puerto de Vigo se refirió ayer el conselleiro de Economía. Francisco Conde abogó por "el cumplimiento de la normativa comunitaria" porque a su juicio ayudaría a mejorar la "pujanza" de la terminal olívica respecto a otras, sobre todo Leixões (Portugal).
