Una conducta persistente que ha acabado llevándolo a prisión. Un padre separado permanece en la cárcel por no abonar la pensión alimenticia a sus dos hijas. Y ayer fue trasladado desde el penal a los juzgados de Vigo para acudir a otro juicio por el mismo delito: ya no fue necesario celebrar la vista, ya que el acusado, A.N.A.V., asumió la autoría de los hechos y aceptó una pena de siete meses y medio de prisión, sumando así su cuarta condena firme por idéntico motivo. Desde 2009 y hasta la actualidad, según fuentes cercanas al caso, este hombre acumula una deuda de más de 90.000 euros correspondiente a las mensualidades que debía abonar a las jóvenes, que en la actualidad ya están casi finalizando sus estudios. Las fuentes concretan que en todos estos años las cuantías que abonó para ayudar a su exmujer en la manutención de las chicas fueron "simbólicas" y apenas suponen en total 3.000 euros.

A raíz de la sentencia de divorcio del matrimonio dictada en 2007, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vigo, especializado en Familia, estableció que este padre debía abonar cada mes casi 1.000 euros a sus dos hijas en concepto de pensión de alimentos. Pero ante los sucesivos impagos desde 2009, el acusado fue acumulando condenas. En abril de 2011 fue la primera y se le castigó a trabajos en beneficio de la comunidad. En octubre de 2013 llegó la segunda sentencia y ya con la tercera, de febrero de 2014, fue cuando se dictaminó el ingreso en prisión de este padre por reincidencia.

Según las fuentes consultadas, este hombre permanece en la cárcel desde hace más de siete meses. En un plazo "de entre diez y veinte días" quedará en libertad. Ayer sumó su cuarta condena, en una vista de conformidad celebrada en el Juzgado de lo Penal 1 de Vigo. El hombre aceptó cárcel, pero se le ha suspendido la ejecución de esta pena condicionado a que realice 45 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a que abone en plazos mensuales la cuantía en alimentos que adeuda del período entre septiembre de 2013 y agosto de 2015, que asciende a más de 22.000 euros.

Se da la circunstancia que la fiscal, en su escrito inicial, solicitaba la libre absolución del hombre al estimar que carecía de capacidad económica para pagar la pensión. La causa que ayer llegó a juicio incluso fue archivada, pero se reabrió. La acusación particular demostró con un detective privado que el hombre tiene una actividad de comercial de vinos y licores y que dispone de ingresos económicos. Por este motivo, la Fiscalía cambió su postura y se adhirió finalmente a la acusación ejercida por la madre de las chicas.