Los propietarios de dos parcelas situadas en el Camiño Fontes, en Alcabre, han eliminado las infraviviendas turísticas ilegales que habían instalado tras la amenaza de sanción de la Concejalía de Urbanismo. Ambas parcelas, con calificación de suelo rústico, contaban hasta hace apenas unas semanas con cerca de una decena de construcciones de madera, caravanas y módulos prefabricados aparentemente estables y destinadas al alojamiento temporal.
Las viviendas, instaladas sin licencia de obras por parte del Concello ni tampoco permisos de ninguna otra administración, fueron objeto de sendos expedientes del departamento de Urbanismo, que detectó las infracciones también en materia de seguridad. Así, en el expediente figura que "los elementos de chapa metálica y los soportes estaban colocados en precario, configurando unas construcciones que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y funcionalidad".
Según determinó la Gerencia de Urbanismo, estas viviendas se dedicaban presuntamente al alojamiento temporal de personas sin disponer tampoco de ninguna autorización, licencia ni título habilitante de naturaleza urbanística. Asimismo, remarca el expediente, no se trataba de construcciones legalizables por no encontrarse esta actividad entre los usos permisibles en suelo rústico.
Los propietarios, que en un principio alegaron desconocimiento de lo que ocurría y derivaron las responsabilidades a los arrendatarios de las parcelas, finalmente ejecutaron la orden de Urbanismo ante la amenaza de sanciones, con cuantías que podrían oscilar entre los 1.000 y los 10.000 euros y reiterativas hasta lograr el cese de los usos, el desalojo y el derribo de las construcciones, que el Concello también podría ejecutar de forma subsidiaria. De hecho, la ley permite hasta tres sanciones coercitivas, sucesivamente incrementadas en su cuantía, con carácter previo a la ejecución subsidiaria que sería a costa de los propietarios.
Alegaciones
La primera de las parcelas, situada en Fontes, 7, llegó a albergar hasta tres construcciones de superficies entre los 31 y los 47 metros cuadrados. Los responsables, herederos de la anterior titular, alegaron no tener ningún tipo de responsabilidad en el uso que se estaba haciendo de la finca e incluso solicitaron la ejecución subsidiaria de la orden por parte de la administración local. Por su parte, desde Urbanismo se les reiteró que lo que haya en sus parcelas es responsabilidad de los propietarios y que si no hay acuerdo con el arrendatario "siempre se pueden ejercer acciones civiles para proteger la propiedad, como el desahucio, entre otras alternativas".
También los dos propietarios y los seis inquilinos de la otra parcela, en Fontes 5, donde Urbanismo investigó también la construcción de un muro ilegal de dos metros de altura, negaron también su responsabilidad señalando que la finca fue adquirida en las condiciones en las que se encontraba durante las inspecciones -en junio de 2015 y febrero de este mismo año- y que solo fue alquilada para guardar durante cinco años una caravana, roulottes y vehículos.
