Los sindicatos de los estibadores y la patronal Anesco sorprendieron ayer a los representantes del Gobierno que asistieron a la reunión de la mesa negociadora de la reforma laboral del sector al presentar un "principio de acuerdo". Sin embargo, el documento consensuado entre las dos partes no cuenta con el beneplácito del Ejecutivo al incluir lo que en las últimas semanas insistieron en calificar altos cargos del Ministerio de Fomento como el "escollo principal": la subrogación por ley.
La exigencia de que a través de un instrumento normativo el colectivo de trabajadores portuarios en España (6.150 en total, 110 en Vigo) pase a integrarse en las plantillas de las empresas y que el Estado compense económicamente a estas compañías por los costes derivados de la asunción de esos trabajadores es para los sindicatos la única garantía del mantenimiento del empleo en el sector una vez liberalizado. Pero como dijo en anteriores ocasiones el ministro de Fomento y volvió a repetir su número 2 al término del encuentro el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, "se trata de dos medidas contrarias a la normativa europea, al sistema legal de relaciones laborales y al sentido común", espetó.
Mejoras con matices
La reunión de ayer finalizó sobre las nueve de la noche tras cuatro horas incluyendo el receso que solicitó el Gobierno para analizar la propuesta conjunta entregada por sindicatos y patronal. Un "principio de acuerdo" que dentro del primer apartado "Mejoras organizativas y productivas del sector" incluye la rebaja salarial de los trabajadores. Pero con matices. "Se acuerda la reducción del 10% de las retribuciones de los trabajadores", indica el documento, aunque se aplicará a los estibadores "cuyos ingresos mensuales brutos (por doce mensualidades) superen en un 5% el importe de multiplicar por tres el salario mínimo interprofesional". Teniendo en cuenta que este salario mínimo mensual se sitúa en la actualidad en 707,60 euros, la medida propuesta solo afectaría a los que cobrasen en torno a 2.228 al mes.
El segundo de los tres apartados se refiere a "La concesión de ayudas al sector". Como la modificación del régimen de gestión de los trabajadores que prestan en la actualidad el servicio de manipulación de mercancías impactará "necesariamente" sobre el empleo del sector, justifica, a juicio de las partes que "en aras de facilitar un tránsito ordenado" [del monopolio a la liberalización] en todos los puertos" el Estado sufrague las consecuencias laborales. Tanto para el actual personal estibador de la Sagep, como sus administrativos y también al que ahora trabaje en relación laboral común en alguna empresa estibadora que se vean afectados por las dos medidas extintivas acordadas. La primera, jubilaciones forzosas para todos aquellos trabajadores que durante el periodo de transición cumplan con los requisitos para recibir el 100% de la pensión de jubilación; y la segunda, las bajas voluntarias "con un importe equivalente a multiplicar por tres el salario mínimo interprofesional", sobre 2.122 euros al mes.
