Tras más de 90 juicios celebrados, ya quedan pocas vistas y sentencias pendientes del caso de Las 5 Jotas. Y el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo acaba de notificar uno de estos fallos. La magistrada condena a 5 años de cárcel y al pago de multas que suman más de 852.000 euros a Martín D.D., socio único y gerente de las empresas Construcciones y Estructuras Dabalpo. La juez lo ve responsable de tres delitos contra la Hacienda Pública referentes al IVA y al impuesto de sociedades del ejercicio de 2008, así como de otro continuado de falsedad en documento mercantil. En concepto de responsabilidad civil, la resolución establece que debe indemnizarse a la Agencia Tributaria en cantidades que superan en total los 555.000 euros, que es la cuantía defraudada. Junto al responsable de estas empresas con sede en Ourense también estaba acusado un trabajador de las mismas, R.G.G., que ha resultado absuelto. La sentencia no es firme y cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.
El juicio por estos hechos se celebró el pasado febrero. Frente a los numerosos empresarios que confesaron su culpabilidad en el marco de esta trama y llegaron a acuerdos con la Fiscalía, el gerente ahora condenado insistió en la vista oral en que las facturas por casi 1,5 millones de euros que recibió hace casi una década por parte de Las 5 Jotas eran ciertas y respondían a servicios reales. Martín D.D. ahondó en que el grupo empresarial vigués les suministró en 2007 y 2008 madera para 40 grandes obras. La firma ourensana se dedica a encofrados.
En este caso también fue condenado Jacobo Costas. Su hermano José Manuel, jefe de Las 5 Jotas, huyó y permanece desaparecido desde el verano de 2016 con el objeto de eludir el ingreso en prisión.
La Audiencia deriva de nuevo al juzgado Penal el juicio más importante del caso
- Entre los pocos juicios que restan por celebrar está el de la empresa Darzal, acusada de emitir facturas falsas por 8,6 millones y de un fraude fiscal de casi 4. Esta vista, tras sucesivas suspensiones, se había aplazado de nuevo en noviembre al entender el juzgado de lo Penal 3 de Vigo que el tribunal competente para enjuiciar era la Audiencia de Pontevedra. Pero la Audiencia ha estimado el recurso del fiscal y deriva de nuevo el caso a la sala de lo Penal, que ahora tendrá que poner otra vez fecha al juicio.
