Juan José Yáñez: "En Galicia los registros civiles deberían estar en las siete principales ciudades"

- ¿Qué noticias tienen de la reforma que se avecina?

- A día de hoy todavía se está aplicando la Ley del Registro Civil de 1957. La ley que se aprobó en 2011 está en la actualidad en vacatio legis, una situación que acaba en julio, lo que significa que ese mes debería de entrar en funcionamiento la nueva norma. Lo que ocurre es que el proyecto actual del Ministerio de Justicia es establecer un régimen transitorio para empezar a aplicar esa ley de 2011, pero haciéndolo de forma progresiva.

- ¿Qué suponen esos cambios que van a llegar este verano?

- Entendemos que el proyecto de ley actual desnaturaliza por completo lo aprobado en 2011. Porque lo que proponen es mantener el mismo sistema de toda la vida, el de 1957, con una sola diferencia: que se desjudicializa en el sentido de que los jueces dejan de tener competencia en los registros civiles para pasar a asumirlas en su totalidad los letrados de la Administración de Justicia. Se supone que lo que empezará en julio es un régimen transitorio hasta que se consiga llegar a la implantación plena del proyecto de 2011. Pero nuestra asociación desconfía de esa situación transitoria. Es sabido que en España muchas veces lo transitorio dura años y años.

- ¿Qué cambios notarán los ciudadanos?

- El ciudadano no va a notar nada. Seguirán abiertos todos los registros civiles actuales: los de los juzgados de Paz, los de los partidos judiciales y los exclusivos, que en el caso de Galicia están en Vigo y A Coruña.

- ¿Se va a privatizar este servicio? En la época del ministro Gallardón existió el proyecto de ponerlo en manos de los registradores mercantiles.

- Eso parece que ya está descartado. Por suerte, ahora parece estar claro que el Registro Civil seguirá siendo público y gratuito, con funcionarios públicos y que se financiará a cargo de los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas.

- Y la estructura territorial, por tanto, tampoco variará...

- La estructura que prevé la ley de 2011 no es un Registro Civil en cada municipio, como ahora, sino solo unos pocos y de carácter exclusivo. Ese es el modelo que apoyamos desde nuestra asociación y el que queda desnaturalizado en esta reforma. No tiene sentido.

- ¿Cuál sería entonces el mejor modelo por ejemplo en Galicia?

- Lo idóneo sería un Registro Civil en cada una de las siete grandes ciudades: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago y Ferrol. Y ahí centralizar la actividad. Porque la estructura actual con registros en todas partes no es a día de hoy ni útil ni beneficiosa. Con esto no quiero decir que esté mal tener un servicio público al lado... Pero un Registro Civil no es como un ambulatorio. No es un sitio al que ir todos los días. Con suerte se va una o dos veces en la vida. Y eso se puede hacer además de una manera distinta: de forma online o acudiendo a los juzgados y ayuntamientos, en su función de colaboración, aunque los expedientes se resuelvan en oficinas centralizadas.

- Los letrados de la Administración de Justicia dirigirán los registros.

- Debe quedar claro que defendemos un Registro Civil público y gratuito para los ciudadanos bajo la dirección de un letrado de la Administración de Justicia. Pero lo que no queremos es la chapuza que se propone ahora. Porque no recoge las reformas que necesita el servicio y supone una sobrecarga de trabajo muy grande para los letrados, además de no retribuida económicamente. En los actuales juzgados mixtos de los pueblos y en los de Primera Instancia de ciudades como Pontevedra o Ferrol deben seguir con las funciones procesales propias del juzgado y ahora llevar la responsabilidad completa del Registro Civil. Y en los registros civiles exclusivos, como Vigo, si ahora trabajan conjuntamente con un magistrado, se quedará sólo el letrado. Si ahora hay dos profesionales, a partir de julio debería también haber dos letrados.

- ¿Qué es lo que proponen?

- Si no se puede poner en marcha en julio el proyecto completo de 2011, debe seguir el modelo de 1957 con los jueces a cargo del servicio. Esto hasta que sea posible el cambio pleno. No esta situación intermedia que solo sobrecargará de responsabilidad a nuestros compañeros sin ninguna compensación económica y sin garantía de que se evolucione al sistema idóneo y definitivo. En este también hay que avanzar en la informatización del servicio: seguir con la firma digital y dar mayor posibilidades de acceso por ejemplo a las administraciones públicas.