21 de marzo de 2017
21.03.2017

Dos directivos de una promotora, a juicio

► Se les acusa de una presunta estafa en una venta de pisos ► "Era una operación viable; ya no estaba en la sociedad por esa época", alega uno de los imputados

21.03.2017 | 18:01

La sección quinta de la Audiencia en Vigo juzgó hoy a dos exdirectivos de la promotora Lanzamar por una supuesta estafa en una venta de pisos ocurrida hace una década. El caso se relaciona con un presunto delito de apropiación indebida de más de 700.000 euros entregados en concepto de adelanto por cuatro viviendas que nunca llegaron a ser construidas.Los acusados son el administrador de la empresa ya desaparecida, R.O. y el exdirector comercial J.G. Este último defendió su inocencia en la causa, que fue archivada antes en dos ocasiones. "Se había obtenido financiación bancaria y era una operación plenamente viable cuando mi cliente dejó la empresa", alegó su defensa, que pidió su libre absolución. Él mismo se reafirmó, al señalar que cuando ocurrió todo él ya no estaba. "Siempre estuve confiado en que la obra se iba a hacer, aún hoy no me explico el comportamiento del banco con esta promoción ", afirmó.

Los hechos se remontan ya a hace una década. En marzo de 2006 un hombre en representación de su esposa y uno de los acusados, como representante de la empresa de la que a su vez era administrador el otro procesado, sellaron un contrato de compraventa para la reserva de compra de una vivienda situada en la promoción que la firma iba a desarrollar en la calle Peregrina de Pontevedra. Los compradores entregaron inicialmente 30.000 euros en concepto de reserva. 

En abril ambas partes formalizaron un contrato de compraventa de cuatro pisos en la promoción que, según licencia de edificación concedida por el Ayuntamiento de Pontevedra y escritura de obra nueva otorgada ante notario, se estaba llevando a cabo en un solar. El precio de venta era de más de dos millones de euros con IVA. Parte de la cuantía debía ser abonada por adelantado y el resto en el momento de la firma de la escritura pública. 
Finalmente, la obra fue paralizada. La acusación particular pide que los acusados indemnicen con 709.677 euros a los perjudicados, así como una condena de 11 años de cárcel, mientras el fiscal pide para ellos una pena de dos.. Las defensas, mientras, solicitan la libre absolución.

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