Dolorido todavía por la derrota sufrida el día anterior en el Congreso al derogarse el real decreto de reforma de la estiba -por 175 votos en contra y 142 a favor-, el Gobierno recibió ayer una nueva advertencia de la Comisión Europea (CE). Su portavoz de Transportes, Anna-Kaisa Itkonen, avisó de que es "esencial" que apruebe la modificación legislativa para liberalizar el sector porque de lo contrario tendrá consecuencias económicas, lo mismo que viene reiterando el Gobierno en las últimas semanas sin que hiciese repensar a los partidos su rechazo al decreto. La dirigente de la CE admitió que no hay una fecha límite "específica" para que el Ejecutivo deba tener lista la nueva normativa y así poder frenar las multas, pero el montante de estas crece por cada día que no se aprueba la reforma al ritmo de 134.000 euros.
"A pesar del rechazo al decreto propuesto por el Gobierno es esencial que España reforme el sistema de trabajo portuario, que no está en línea con la legislación europea. También es una cuestión de competitividad para los puertos españoles", explicó en rueda de prensa Itkonen. Tras subrayar que como miembro de la Unión Europea, España está obligada a acatar la sentencia de diciembre de 2014, remarcó que Bruselas "está como siempre preparada para asistir a las autoridades españolas" para que, al igual que hizo con el decreto tumbado, la nueva legislativa cumpla con lo exigido por el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE). Este impone la retirada de la normativa española de los artículos que obligan a las empresas estibadoras a formar parte de una sociedad (Sagep) y desarrollar las labores de carga con la plantilla de la misma, la Colla.
De todos los argumentos utilizados por la dirigente comunitaria, el único que se desvió de los ofrecidos hasta ahora por el Gobierno se refiere a la urgencia en aprobar la medida liberalizadora. Aun enfatizando en las multas que penden sobre España de no hacerlo, en Bruselas no hay tanta prisa, como así lo manifestaron altos cargos el lunes a los sindicatos al decirles que "había margen" para la negociación. Itkonen descartó que hubiese una fecha concreta para resolver un procedimiento infractor como el que "está en marcha" contra España por incumplir la citada sentencia. Fuentes del Tribunal Europeo consultadas por Europa Press indican que estos procesos tardan de media unos 14,7 meses. De ser así, como España presentó recurso a la CE el pasado julio, el dictamen podría dilatarse hasta el otoño.
22,8 millones de euros y más
La comparecencia de la portavoz de Transportes sirvió también para matizar algunas cuestiones sobre las consecuencias económicas. De momento solo hay propuestas de sanción formuladas por Bruselas. La primera, de 27.522 euros desde el día que el tribunal declaró ilegal el sistema de trabajo portuario español, el 11 de diciembre de 2014, lo que sumaba hasta ayer 22,8 millones. Y la segunda, de 134.107 euros desde que el TJUE falle su segunda sentencia por incumplir la primera. Esta última "está al caer", según Fomento, pero ambas están pendientes de decisiones del citado tribunal, y por tanto, sujetas a cambios incluso en la cuantía. Eso sí, el procedimiento sancionador queda anulado en cuanto el Gobierno cumpla lo exigido.
Entretanto, en España sigue la resaca política por el debate donde se produjo por tercera vez en Democracia la derogación de un decreto ley. Hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que eludió cualquier comentario al término de la histórica sesión parlamentaria del jueves, reprochó ayer a la oposición su "no" a la reforma legal. En su intervención en el 16 Congreso del PP de Madrid y tras asegurar que no quería entrar en el fondo del asunto, aunque cree que "se las trae", afirmó que decir que España "no quiere cumplir las resoluciones de un tribunal europeo" supone romper las "reglas del juego", tanto "las reglas europeas como las del sentido común". "Y eso afecta a muchas cosas, entre otras, al crédito, a la imagen y al prestigio de nuestro país", zanjó.
