El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de febrero para reformar la estiba como exige la Comisión Europea (CE) naufragó ayer en el Congreso. El Partido Popular sólo contó con el apoyo del PNV y al abstenerse Ciudadanos la controvertida iniciativa legal para liberalizar el sector en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo no contó con la mayoría simple necesaria para su convalidación, requisito imprescindible para su entrada en vigor. Nada más certificarse la derogación de este decreto ley -la tercera vez que ocurre en Democracia-, los sindicatos anunciaron la desconvocatoria del calendario de huelgas que arrancaría hoy. Ahora la reforma de la estiba vuelve a una mesa de negociación que podría reunirse ya la semana próxima y donde tanto los representantes de los trabajadores como de la patronal Anesco se disponen "a encauzar el diálogo".
De nada sirvió la oferta lanzada 24 horas antes por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Contemplaba una prejubilación voluntaria para los portuarios de 50 años con el 70% del sueldo, pero la tibia reacción del colectivo llevó a los grupos que conforman la mayoría en el Congreso a reafirmarse en su postura de apostar por una reforma consensuada con las partes y no forzada por un decreto por mucho que advirtiese el ministro de las multas que afronta España si no lo respaldaba el Congreso (una de 23 millones y otra derivada de una segunda sentencia por importe de 134.000 euros diarios). Tras casi tres horas exponiendo sus argumentos, los partidos emitieron su voto: 142 a favor de la convalidación, del PP y PNV; 175 en contra, entre ellos los de PSOE y Unidos Podemos; y 33 abstenciones, las de Ciudadanos y una por error del podemista Íñigo Errejón.
Un resultado histórico por cuanto es la tercera vez en la historia de la Democracia que un Gobierno fracasa en la convalidación de un decreto. Las anteriores ocurrieron en 1979, gobernando UCD, y en 2006 con el PSOE, aunque en este último caso por una equivocación al marcar el sentido de la votación.
En las filas populares culparon a Albert Rivera de haber perdido la convalidación. Ciudadanos pasó del sí inicial a la abstención, dicen que después de comprobar que el Gobierno no había afrontado con la suficiente seriedad las negociaciones con los trabajadores de la estiba. Por el contrario, en el PP aseguran que dirigentes de la formación naranja les anticiparon su voto a favor "hasta tres veces" y que no fue hasta las 8.55 horas cuando les comunicaron su abstención. En el PP interpretan este movimiento como una "espantada" de Ciudadanos, que esta vez no quiso apuntarse a la derrota, sino sumarse al caballo ganador.
Serna: "Se activa el contador"
Los de Rivera mantienen que no están "todas las naves quemadas" y que el acuerdo es posible si se sabe negociar bien con el sector a partir de la propuesta que in extremis lanzó anoche el Gobierno para tratar de evitar la derrota, y que ven "sensata". El PSOE no se movió de su posición. Avanzó que votaría no a una reforma sin el visto bueno de patronal y sindicatos y así lo hizo. "Actúan al dictado de la Junta de Andalucía", es decir, de Susana Díaz, sostienen los populares.
De la Serna criticó la "falta de responsabilidad" de los grupos por rechazar la reforma y reprochó que no hayan respaldado la convalidación para después modificar el texto a través de su tramitación como proyecto de ley. "Era muy fácil aprobarlo y transformarlo en un proyecto de ley e incluir sus propuestas, pero no hemos escuchado ninguna. La única era la de dar un palo al Gobierno pagado por el bolsillo de todos los ciudadanos", enfatizó el ministro.
Pese a la sonora derrota, De la Serna sigue apostando por una reforma de la estiba mediante un real decreto ley. Sugirió que podría haber tiempo para ello si sindicatos y patronal llegan a un acuerdo la próxima semana. "A partir del 24 de marzo vuelve a ponerse en marcha el contador para seguir sumando el dinero de la multa que deben pagar los españoles", recalcó.
El portavoz del comité de la Sagep viguesa: "A ver si el Gobierno aprende de esta lección"
- El presidente del comité de empresa la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) de Vigo, Manuel Río, asistió ayer junto a otros cuatro delegados sindicales de la estiba local al Congreso para seguir en directo el esperado debate. Cuando todo su colectivo expresaba a través de las redes sociales la euforia por haber conseguido que los grupos políticos tumbasen el decreto promovido por el PP y solo respaldado por el PNV, Río, aun mostrando su satisfacción, optó por una valoración mesurada: "No se puede hablar de una victoria. Lo que esto demuestra es que el Gobierno hizo las cosas mal". Ante las puertas de la sede de la Cámara Baja, el representante de UGT en la plantilla de los 110 estibadores vigueses -más otro medio centenar de eventuales- afirmaba que el Ejecutivo debería tomar nota de lo ocurrido ayer en el Congreso. "A ver si aprende de esta lección y a partir de ahora se sienta a negociar con los sindicatos y la patronal. Porque esto fue lo que le pedimos desde el principio, y no con el paripé que hizo ayer [por el miércoles] al presentar en el último momento una oferta sin la presencia de los sindicatos". Para Río, en línea con lo manifestado por otros portavoces sindicales, la situación vuelve "al punto de partida" una vez cumplido su objetivo, "que se anulase el decreto". "Aunque este resultado político lo consiguió solito el ministro por la manera en que lo hizo", apuntó. A su juicio, a partir de ahora y ante la inevitable liberalización del sector, como obliga la sentencia de la UE, la alternativa a seguir es la reforma mediante un proyecto de ley al que puedan presentar enmiendas los distintos grupos garantizando así la posterior aprobación en el Congreso. "Esto es lo que se debió hacer desde el principio, y no con un decreto que el gobierno en minoría sabía que podrían perder, como así ocurrió", concluye.
La estiba local, presionada por la multa de Competencia
- Con el decreto de reforma tumbado, los sindicatos esperan al siguiente movimiento del Gobierno para desbloquear la situación. Urge hacerlo cuanto antes por el riesgo de la segunda multa de Bruselas a España por mantener el monopolio de los estibadores. Pero de todas las españolas, la Sagep viguesa es la que menos tranquila debería sentirse. En su sede de la calle Areal 9 hay otro cronómetro que aumenta la presión sobre sus sindicatos y accionistas, el que pulsó el 16 de febrero la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) al abrirle un expediente sancionador "por posibles prácticas restrictivas de la competencia en el sector de la estiba". La CNMC sospecha que la Sagep habría cometido una infracción grave por regirse por un "pacto extraestatutario" firmado en 1996 que otorgó a los estibadores la exclusividad sobre tareas que ya le retiró la Ley de Puertos y de la Marina Mercante. Es decir, por vulnerar la actual normativa nacional, la misma por la que condenó Bruselas a España. Trabajadores y empresas aún disponen de 18 meses para alegar y evitar lo que ambas partes temen: "un buen palo". Por esta razón se disponían ayer en Areal 9 a organizar una próxima reunión y cerrar de una vez la propuesta consensuada a principios de este año. Presentada sobre el papel como una serie de "mejoras de competitividad", en el fondo es una clara adaptación al IV Acuerdo Marco, un buen indicio de la alegalidad de su funcionamiento durante todos estos años.
