El Juzgado de Primera Instancia 10 de Vigo acogió esta mañana la audiencia previa tras la demanda civil presentada por varios afectados del derrumbe del céntrico edificio Odriozola de Vigo en 1999. El caso llega a la vía civil 18 años después del siniestro tras la absolución en la vía penal.

En la vista, en la que entre otras cuestiones la magistrada concretó qué pruebas admite para el futuro juicio de las propuestas por las partes, el abogado de las dos familias de perjudicados que reclaman en el procedimiento expuso los motivos de la demanda. Los abogados de los demandados alegan cuestiones como prescripción o cosa juzgada. El juicio empieza el 19 de junio.

18 años del suceso

Este pasado 2 de marzo se cumplieron 18 años desde que el centenario edificio Odriozola de la calle García Barbón de Vigo se venía abajo provocando la muerte de una mujer de 65 años y lesiones a varios inquilinos. Pese al largo tiempo transcurrido, la causa judicial abierta a raíz de ese siniestro afronta un nuevo capítulo. Y es que tras un complejo proceso penal que derivó en en una sentencia absolutoria, el caso sigue vivo en la vía civil a raíz de las demandas presentadas por varios afectados o sus herederos, que pleitean por ser indemnizados por los daños sufridos. El Juzgado de Primera Instancia número 10 de la urbe olívica acoge hoy la audiencia previa.

Un matrimonio de ancianos que residían en el ático del Odriozola con sus hijos no dudaron en seguir su lucha en la vía civil. El cabeza de familia, Celso Penedo, murió el año pasado, pero su viuda, María Penín, continúa adelante con la demanda junto a su hijo: reclaman unos 300.000 euros. También lo hacen los herederos de una farmacéutica que perdió su establecimiento y que solicitan 1,3 millones. La demanda se ha presentado contra la empresa Guneypro -la que era propietaria del inmueble cuya demolición causó el desplome del Odriozola-, Rogina Instalaciones -dueña del Odriozola-, el contratista que dirigió la demolición, dos aparejadores, así como aseguradoras.

El caso se archivó en la vía penal al concluir el entonces titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo -fallo que fue ratificado después por la Audiencia Provincial de Pontevedra- que el derrumbe del centenario edificio no era imputable a los responsables de las obras de demolición del edificio contiguo -la casa Sensat- ya que pudieron existir otras "causas imprevisibles" que contribuyeron al desplome, como el "mal estado del inmueble" y de su muro medianero. "Esperamos obtener una respuesta positiva en la vía civil; se generó un riesgo por el que los responsables deben responder", afirman fuentes próximas a los afectados.