Oferta in extremis del Gobierno a los grupos políticos a cuatro días de someter a debate en el Congreso la convalidación del Real Decreto de reforma de la estiba. Para ganar su necesario apoyo, el Ejecutivo aseguró ayer su disposición a trasladar el acuerdo que negocian estos días sindicatos y patronal sobre el mantenimiento de los empleos -6.150 están en toda España, 110 en Vigo- a "un instrumento normativo". El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no detalló en qué consistiría esa fórmula que expresó como garantía de los puestos de trabajo que están en juego con la liberación del sector, pero sí la desmarcó de la "imprescindible" aprobación del citado decreto por parte de la Cámara Baja este jueves, un día antes de la jornada de huelga convocada.
Con este compromiso de trasladar el resultado de la negociación entre patronal y sindicatos en materia laboral a una normativa elaborada a posteriori, el ministro trata de satisfacer la exigencia de "garantías para los acuerdos" manifestada la semana pasada por ambas partes al recelar de su aplicación y cumplimiento al no estar el Gobierno presente en las reuniones. A este respecto, De la Serna respondió que el Ejecutivo ya participa en las negociaciones a través del mediador designado, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marco Peña.
La oferta lanzada por el ministro ayer en el "Foro Cinco Días" sonó como el último cartucho del Ejecutivo para conseguir la convalidación del decreto. En su intervención, De la Serna dejó claro que no habrá más aplazamientos en el debate y posterior votación en el Congreso de la reforma del sector. Por ello apeló de nuevo a la "responsabilidad" de los grupos políticos, que de momento rechazan respaldar la convalidación, por cuanto "puede suponer la primera sanción a España por incumplimiento de los tratados comunitarios que todos los ciudadanos tendrán que pagar de su bolsillo", advirtió en referencia a la multa que la UE puede imponer por vulnerar el sector de la estiba la normativa comunitaria (una aplazada, de 23 millones de euros, y otra pendiente de resolución, del orden de 134.000 euros día). "Si los grupos parlamentarios quieren estabilidad en el empleo, deben votar 'sí' al Decreto Ley. Si por el contrario, quieren contribuir a mantener una situación de monopolio y privilegios, entonces que sigan en el 'no'", aseveró.
"No" de PSOE y Podemos
El ministro anunció que en estos días mantendrá "contactos" con los distintos grupos políticos para buscar su apoyo "convenciéndoles de que la estabilidad en el empleo de los actuales trabajadores se puede alcanzar al cien por cien". Sin embargo parece que la propuesta de ese "instrumento normativo" no hizo mucha mella en la oposición. El PSOE reclamó un "acuerdo explícito" entre la patronal y los estibadores, o de lo contrario, no apoyará la convalidación del Real Decreto Ley. Su portavoz del PSOE, Antonio Hernando, recalcó que "si esta semana no cambian las cosas y de aquí al jueves no hay un acuerdo con trabajadores y empresarios no contará, al menos, con el apoyo del PSOE". "Lo que es importante es que el Gobierno, con las empresas y sus representantes sindicales, lleguen a un acuerdo y mientras no sea patente y explícito, no apoyaremos el Real Decreto Ley", enfatizó.
Podemos también se posiciona "rotundamente en contra". Noelia Vera, portavoz de su ejecutiva, argumentó que la formación de Pablo Iglesias considera que la reforma planteada tiene el objetivo de "saquear" el "sector estratégico" de la estiba y "alimentar una trama de corrupción" basada en intereses "personales". Vera recalcó que el proyecto del Gobierno "dejará en la calle a más de 6.000 familias" y costará un "dineral" a las arcas públicas.
