El movimiento feminista celebra que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) ya dé cobertura dentro de la comunidad una atención que está recogida por ley: las interrupciones voluntarias del embarazo a partir de la semana veintidós por anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. Con la incorporación de esta atención en el Hospital Álvaro Cunqueiro, que asumirá los casos de todas las áreas sanitarias gallegas que se lo soliciten, la red pública evita así las derivaciones de estos casos a clínicas privadas fuera de la comunidad. "Todo lo que sea dar más oportunidades y facilidades a estas mujeres, es muy positivo", destaca Rosa Fontaíña, presidenta de la Asociación Veciñal Rede de Mulleres Contra os Malos Tratos.

Eso sí, la portavoz del colectivo lamenta que no se haya resuelto antes esta situación y que afectadas hayan tenido que añadir a esta dura experiencia los problemas del desplazamiento a Madrid o Barcelona par poder recibir esta atención.

A la asociación le llegaron algunos casos. Los que más impacto le causaron y que su portavoz califica como "tremendos" fueron los de dos mujeres solas a las que la Administración sanitaria remitió a una clínica privada en la capital estatal y que tuvieron que realizar este traslado en autobús y sin compañía, "exponiéndose a perder la vida por el camino". "Esto era lo que hacían las administraciones", reprocha Fontaíña. El colectivo se movió para encontrarles en Madrid una personas que las acompañara y las cuidara.

La presidenta de la Rede de Mulleres entiende que la situación que se vivía en Galicia, sin ningún hospital que ofreciera esta atención, "no dejaba de ser una tomadura de pelo". "Si el médico determinaba que se reunían las condiciones, se tenía que poder hacer aquí", sostiene. Fontaíña se refiere al especialista que emite el informe médico que confirma las anomalías fetales incompatibles con la vida o al comité clínico que constate la enfermedad extremadamente grave e incurable del feto. "Con poner palos en las ruedas no consiguen nada, la gente va a seguir rodando", sostiene.

La condena al Sergas por el retraso en el diagnóstico y la atención inadecuada a una lucense embarazada de más de 22 semanas, que perdió el útero tras ser derivada a Madrid a abortar, desató la polémica sobre la atención que se ofrece en la comunidad en este ámbito. La Xunta prometió buscar una solución para estos casos y elaborar un "plan integral" para las interrupciones del embarazo. El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, anunció que se designaría a un hospital gallego como centro de referencia en los abortos en gestación avanzada. Después de que el Cunqueiro incorporara estas intervenciones desde principios de año, convirtiéndose en el único de Galicia en ofrecerla, se espera que se le otorgue esta referencia.

Son pocos casos al año, entre una decena y una docena. En el presente ejercicio, el Cunqueiro ya realizó, al menos, dos y uno de ellos derivado del área sanitaria de Lugo.