Casi quince meses después de que la Asociación Galega pola Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) presentara la denuncia contra la concesión del nuevo hospital de Vigo por supuesta vulneración de la normativa estatal y europea y un año después de que se admitiera a trámite, la Comisión Europea se ha pronunciado en contra. Según explican los propios denunciantes, el órgano comunitario la desestima al entender que no han aportado pruebas suficientes. La plataforma ha recurrido esta decisión administrativa.
El colectivo no comprende el proceder de la Comisión Europea y explica que no responde a las preguntas planteadas en su denuncia. Sostiene que en el escrito incluyó documentación sobre "indicios razonables" de vulneración de la legislación en el contrato para la construcción y gestión de los servicios no sanitarios del Hospital Álvaro Cunqueiro, ya que entendían que era el propio órgano comunitario el que iniciaría una investigación a partir de ellos, con la solicitud de la información correspondiente a la Consellería de Sanidade. Además, consideran que hay "cuestiones públicas y notorias" que apoyan su acusación.
La decisión de la Comisión Europea se ha hecho esperar algo más de lo previsto. La resolución administrativa llegó a manos de los denunciantes a finales del año pasado. Estos presentaron sus alegaciones hace mes y medio, pero aún no ha obtenido respuesta.
La denuncia de la plataforma pivotaba sobre tres cuestiones. En primer lugar, sostiene que la Administración no respetó la legislación europea en cuanto a que la externalización de un servicio público debe ser "transparente, controlada y con los riesgos trasladados" a la concesionaria. Defiende que, en este caso, la Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Acciona que se hizo con el contrato no asumió ningún riesgo: ni el de los plazos ni el financiero ni el de oferta -remuneraciones en función de la calidad de la obra-.
Por otra parte, la asociación entiende que hubo "engaño" a Bruselas para saltarse el pacto de estabilidad y que el coste de la construcción del nuevo hospital de Vigo no compute en las cuentas públicas como déficit, sino que se fracciona el pago en un canon anual de 68 millones de euros durante veinte años.
En último lugar, el colectivo argumenta que hubo "una ayuda del Estado encubierta" a través del crédito del Banco Europeo de Inversiones, que aportó 180 de los 375 millones en los que estaba presupuestada la construcción, en una operación en la que la Xunta figura como "promotor" y "avalista del proyecto sanitario". A este aspecto sí responde la Comisión Europea que, según cuenta la asociación, indica que esto "no vulnera las normas de la competencia".
El fondo de esta denuncia es el desacuerdo con el modelo escogido por el Gobierno gallego para construir y gestionar el nuevo hospital de Vigo, mediante una colaboración público-privada. La asociación, así como todos los grupos políticos en la oposición, reclaman el rescate de la concesión para devolverlo a manos públicas.
El colectivo envió la denuncia en un momento muy conflictivo en el área sanitaria. En concreto, el 2 de septiembre de 2015, un día antes de la histórica marcha que sacó a la calle a más de 100.000 personas en defensa de la Sanidad pública y cuando el traslado al nuevo hospital se encontraba paralizado por anomalías en la calidad del aire de zonas del hospital que aún estaban sin abrir.
