Presión ante el Ministerio de Fomento para no dejar tirado a Vigo y al sur de Pontevedra en el desarrollo ferroviario. Eso es lo que le pidió ayer la presidenta de la Diputación pontevedresa, Carmela Silva, al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que expuso la necesidad de impulso a la variante de Cerdedo -la conexión de Vigo con Ourense sin pasar por Santiago de la línea de alta velocidad y cuyo proyecto está pendiente de estudio ambiental- y a la salida sur ferroviaria de Vigo como camino "fundamental de Portugal hacia Europa". Ambos pactaron también avanzar en la negociación de traspasos de competencias entre ambas administraciones.

Algo más de dos horas se prolongó en el despacho de Feijóo el encuentro, al que también acudieron el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y su homólogo provincial, César Mosquera. Se trató de la primera ronda de contactos del primero con los presidentes provinciales que han solicitado sentarse con él, algo que no ha hecho el responsable de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

Silva y Rueda coincidieron en el tono cordial de la cita y en la necesidad de abordar traspasos competenciales para ganar eficacia y reducir costes a la administración. Todo, apuntó la primera, desde la "lealtad institucional". "En lo que podamos trabajar conjuntamente debemos hacer el esfuerzo y espero que podamos conseguirlo. Me voy satisfecha", declaró.

Ante Feijóo, la presidenta provincial no se limitó a su propuesta para crear una comisión mixta para estudiar las transferencias entre ambas administraciones, sino que realizó también un repaso de las demandas clave para el desarrollo económico y social de Pontevedra. Además de las citadas peticiones en materia ferroviaria para que la Xunta las defienda ante Fomento y el Gobierno de Mariano Rajoy, Silva añadió la transferencia de la AP-9 vetada por este o mejoras en las autovías.

También destacó la necesidad de blindar por ley los "criterios objetivos" de reparto del fondo de cooperación local y un plan de mejora y ampliación de centros educativos y sanitarios y de inversiones en materia vial. "Están muy deteriorados", expuso sobre los dos primeros.

Sin embargo, el núcleo duro de la cita versó sobre las competencias. Silva presentó un informe que cifra en casi 22 millones de euros la financiación de centros que cubren competencias autonómicas y, por tanto, deberían correr a cargo de las arcas de la Xunta. Se trata de la ciudad infantil Príncipe Felipe, la Escuela Universitaria de Enfermería, la Escuela de Cantería, la Estación Fitopatológica de Areeiro y la Finca Mouriscade, así como otros programas sociales. También abordaron posibles cambios de titularidad de carreteras -la Xunta propone ceder 14 a la diputación y esta 15 a la primera- y estudiarán el reparto de trabajos en materia de emergencias y bomberos.

El Príncipe Felipe será el primero en ser analizado dentro del marco del protocolo firmado en 2012 entre el Gobierno autonómico y las cuatro diputaciones. "Acordamos desarrollarlo. Ese acuerdo buscaba establecer un competencia, un servicio; coordinarnos y ser lo más eficaces posibles", resumió Rueda a la prensa tras el encuentro. "Les pedimos que concreten y se puede estudiar", añadió.

En "el plazo más breve posible" la Xunta tendrá ya el primer estudio de costes, plazas laborales y situación patrimonial del Príncipe Felipe, según anunció Silva, que recordó que la diputación carece de competencias educativas para asumir su financiación.