Archivo o multa. Son los dos únicos resultados posibles del expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) contra los sindicatos y empresas de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) de Vigo por supuestas "prácticas anticompetitivas" cometidas al amparo de una regulación laboral, firmada en 1996, que constituiría una infracción de los artículos 1 y 101 de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), respectivamente. No caben más posibilidades. Desde la CNMC aclararon ayer que un "cambio de conducta", como el acuerdo negociado por la Sagep, todavía sin firmar, para adaptarse a lo contemplado en el IV Acuerdo Marco de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, es decir, a la legalidad vigente, no serviría para frenar la investigación en marcha. Como mucho, de concluir el proceso en una resolución sancionadora, podría deparar una rebaja de la multa.
De antemano, la comisión garantiza la presunción de inocencia, pero llegado el momento, no habrá lugar al perdón. Sindicatos (UGT, CC OO y CIG), y los cinco accionistas de la Sagep (Bergé Marítima, Líneas Marítimas Españolas, Estibadora Gallega, Termavi y Pérez Torres Marítima) han puesto el expediente en manos de sus abogados. No ocultan su temor a que "todo acabe en un palo gordo", como así lo califican algunos de sus directivos para referirse a una multa millonaria. Aunque en el fondo todavía albergan la esperanza en poder demostrar que en estos últimos 20 años no hicieron "nada ilegal", como de forma insistente han venido diciendo en los últimos meses los portavoces sindicales. En el sentido de que el "pacto extraestatutario" de 1996 sobre el que la Comisión sustenta la presunta infracción no excede el ámbito funcional y personal que permite la ley, como mantiene el Puerto, y ahora también la CNMC cuestiona. Que dicho pacto no concedió a su bolsa de trabajadores, los estibadores, más tareas exclusivas de las que permite la ley, como la entrega y recepción de contenedores de dentro de la terminal, o la carga y descarga de vehículos sin matricular.
No apreciaban ninguna ilegalidad pero no debían tener todas consigo cuando en apenas dos meses sindicatos y accionistas se pusieron a negociar un nuevo convenio. Un acuerdo que ahora solo serviría para reducir la multa, en caso de que así lo resuelva la Comisión. "El expediente se abre por hechos cometidos desde 1996, y no se parará porque cambie una situación o una conducta", recalcan desde el organismo.
Todavía sin firmar, el acuerdo negociado fue instigado por el apercibimiento abierto por la Autoridad Portuaria en octubre. Ante la amenaza del presidente Enrique López Veiga de que denunciaría el caso ante Competencia, la Sagep reanudó los contactos con los representantes de los trabajadores para legalizar su regulación laboral. La reacción se produjo tarde, cuando ya el Puerto había puesto las supuestas irregularidades de la sociedad de estiba en conocimiento del organismo regulador. Y este, como era de esperar, no miró para otro lado.
Durante los próximos 18 meses la investigación de la Comisión tratará de recabar pruebas que confirmen esos "indicios racionales" de la existencia de conductas prohibidas por la normativa de la competencia. Así que en el próximo año y medio los expedientados deberán remitir al organismo toda la información requerida y aportar al mismo tiempo las alegaciones que considere pertinentes. En ese sentido se espera que la Sagep actúe como una única voz frente a las alegaciones de Competencia, aunque de momento el expediente lo analizan por separado los abogados de los distintos sindicatos y empresas.
De concluir el proceso en una sanción, la CNMC tendrá que definir la tipología de la infracción: leve, grave o muy grave. "Esto se hace en función, por ejemplo, de las características del mercado, el perjuicio ocasionado por las prácticas anticompetitivas y el beneficio extra conseguido con estos ilícitos", explican desde la comisión. Para los tres tipos, la sanción se fija con un porcentaje del volumen de negocio obtenido por la empresa. De hasta un 1%, si es leve; de hasta un 5%, grave; y hasta de un 10% para la muy grave. En 2015, la sociedad de estiba de Vigo facturó 10,3 millones de euros.
