El episodio acaecido el pasado martes en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo cuando la magistrada desistió en pleno juicio contra un británico de la intérprete de inglés que lo asistía por la baja calidad de su traducción avivó una problemática que profesionales de la traducción e interpretación judicial vienen denunciando desde hace años. Desde la externalización del servicio de intérpretes en los juzgados gallegos por parte de la Xunta, varios colectivos y asociaciones del ámbito de la traducción jurada denunciaron una "falta de profesionalización y precarización del trabajo donde ahora se impone una guerra de precios por ganar la licitación y ofrecer el servicio a precios muy bajos", explica Maribel del Pozo, profesora de Traducción en la Universidad de Vigo y experta en interpretación judicial.

Del Pozo lamenta no tanto la licitación de este servicio a una empresa privada de traducción, sino que la Xunta "no les exige a las personas que conformen la lista de intérpretes judiciales una determinada titulación o cualificación". "Cuando se presentan a la licitación, presentan unos currículum que no se corresponden con la personas que mandan a los juzgados porque los precios que les ofrece el servicio son tan bajísimos que ningún profesional lo haría por esta cantidad", argumenta la profesional.

¿Y por qué abogan? Por una prueba de nivel. Desde varias de estas asociaciones están demando que estos profesionales que copan las listas de traductores e intérpretes judiciales de la Xunta pasen un examen que certifique fielmente el nivel que tienen en el idioma en cuestión. "Aunque la Xunta ponga en los pliegos de contratación de la empresa de traductores que tengan la titulación, luego no comprueban que lo que contratan es lo que les dan. Este último ejemplo de Vigo salió a la luz porque el acusado era conocido, pero en la gran mayoría de casos, se trata de personas inmigrantes con pocos recursos que pasan totalmente desapercibidos", lamenta del Pozo.

Servicio básico

La norma 2010/64 es la primera ley que determina que cualquier ciudadano detenido o acusado debe disponer de un servicio de interpretación en su idioma en todas las fases del sistema judicial. "Esto es un servicio básico. Tu imagínate que mañana te detienen en Turquía y viene a tu juicio una persona que solo chapurrea el español o que tampoco sabe nada de derecho. Se trata de un trabajo con mucha responsabilidad", explica la docente, quien añade que tan importante es conocer el idioma como el contexto que envuelve el caso. "Hay que conocer el tema del que se va a tratar en el juicio y también el sistema cultural de la persona a la que asistes. Por religión o cultura, hay palabras que tienen doble significado o uno opuesto", explica.

Actualmente, en el juzgados de Vigo conviven intérpretes de diez idiomas, inglés, francés, rumano, árabe, chinés, polaco, búlgaro, ruso, wólof (senegalés), y gallego. Curiosamente es éste uno de los más demandados. "Son muchas las personas que demandan que la lectura de sentencias o escritos sean en gallego. Están en su derecho", explica Rosa, la intérprete de gallego en los juzgados.