El Parlamento gallego aprobó ayer, con los votos del PP, la ley de medidas fiscales y administrativas de los presupuestos, que en su título IV incluye una nueva regulación de la ordenación provisional que ampara el urbanismo en aquellos ayuntamientos en los que el Plan General haya sido anulado, como Vigo y Ourense. La medida, incluida dentro del paquete de 21 leyes modificadas por la denominada ley de acompañamiento, fue pactada la semana pasada por el PP y el PSOE en la comisión de economía de la Cámara gallega.
El sector sigue de cerca la evolución de esta normativa, que tras su aprobación definitiva y entrada en vigor podría aplicarse en Vigo. Por el momento, Abel Caballero no ha querido valorar lo que supondría esta nueva vía intermedia, que permitiría volver a tener como referencia el PGOM de 2008 -anulado por el Supremo- en el caso de licencias firmes concedidas mientras estaba en vigor, por ejemplo.
Empresarios, arquitectos y aparejadores coinciden en que esta medida provisional aporta una mayor seguridad jurídica al sector tras el varapalo sufrido en los últimos años con la crisis económica, primero, y la anulación del PGOM, en noviembre de 2015.
"No es como tener un Plan General pero al menos es un paso intermedio muy interesante para desatascar las operaciones paralizadas por la anulación", aseveró Javier Garrido, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aproin).
Esta vía, que también permitirá simplificar las tramitaciones urbanísticas para determinados ámbitos siempre que haya una justificación para hacerlo, reactivaría la construcción y con ello la creación de empleo al sector que más acusó la crisis dado que la gran mayoría de los trabajadores "no tienen otras alternativas de empleo", señaló Garrido.
"Aunque esta medida podría ser considerada un parche, es mejor que nada ya que una vez descartada la llamada 'solución Parejo', la situación podría ser muy dañina y paralizarnos cuatro años más, en lo que respecta a Vigo", aseveró por su parte el presidente del Círculo de Empresarios, Juan Güell, que cree que la normativa permitirá cubrir el periodo hasta la aprobación del nuevo Plan General.
"Lo deseable es que ayude a desbloquear sobre todo ámbitos industriales, de manera que no se frene el desarrollo de Vigo y de esos otros municipios afectados por una situación similar", indicó Güell.
La garantía jurídica que aporta la reforma es "una magnífica noticia" para el presidente de la Confederación de Empresarios, Jorge Cebreiros, que recordó que desde la CEP "siempre reivindicamos la constitución de un marco jurídico claro para las empresas" que animará la construcción, algo que no solo redundará en beneficios para los promotores. "El sector inmobiliario no puede estar cuatro años más parado. Hay que crear empleo y esta norma también es positiva para ciudadanos que tenían una licencia para construir una vivienda, un proyecto vital que se paró con la anulación del PGOM", manifestó Cebreiros, que se congratuló por el acuerdo alcanzado entre populares y socialistas. "El interés general tiene que prevalecer por encima de todo, las peleas políticas no conducen a nada positivo", concluyó. "Permitirá continuar con planeamientos que se estaban desarrollándose, en una determinada fase de aprobación, antes de la anulación del plan", explicó el presidente de la sede viguesa del Colegio de Arquitectos, Antonio Davila,que remarcó que el Plan de 1993 "está superado por la realidad".
Permite "ganar tiempo"
La reforma también incluye los tiempos de tramitación urbanística más reducidos que establece la Ley del Suelo. "Mientras se está redactando el nuevo plan, se podrán conceder licencias en zonas delimitadas de suelo urbano consolidado y de suelo rurales y esto siempre es bueno porque supera y corrige la situación de anulación de plan", dijo Davila, que consideró la medida "beneficiosa porque permite ganar tiempo". El arquitecto también aprovechó para recordar que los municipios que se acojan a esta medida están obligados a aprobar un nuevo Plan General en un máximo de tres años y medio y a finalizar el borrador en un año.
Similar opinión trasladó el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e ingenieros, Pelayo Eyo. "En crear empleo y aportar seguridad jurídica al sector estamos de acuerdo todos los profesionales y también aquellos ciudadanos que compraron un solar y que se quedaron sin poder hacer nada. Las medidas para reactivar la construcción, y sobre todo cuando proceden de un consenso, siempre son acertadas", afirmó.
La reforma de la ley, además, también amplía la seguridad jurídica en otros ayuntamientos con planes recientemente aprobados ya que, en el caso de que éstos sean anulados, podrían acogerse a esta norma, de carácter autonómico. A este respecto, Garrido matizó que el precedente de la anulación en Vigo y Ourense abre la posibilidad de que se aplique la jurisprudencia en otros municipios en los que los planeamientos también sean denunciados.
Javier Garrido - Presidente de Aproin
"Permite desatascar las operaciones paralizadas"
Antonio Davila - Presidente de COAG Vigo
"Se podrán dar licencias hasta que esté el nuevo PGOM"
Juan Güell - Presidente CFV
"Es mejor que nada una vez descartada la solución Parejo"
Jorge Cebreiros - Presidente CEP
"Siempre reivindicamos un marco jurídico claro"
Pelayo Eyo - Presidente Cooatiepo
"Aplaudimos el consenso para reactivar el sector"
