Un presunto fraude fiscal que la Fiscalía cifra en su escrito de calificación provisional en 821.692 euros y que ha llevado a juicio a un empresario. El Ministerio Público solicita una condena de 8 años y 9 meses de cárcel para un constructor que se encargaba de la gestión de la firma viguesa Construgarea S.L., J.A.G.G., por la presunta emisión de facturas que no respondían a la realización de ningún trabajo, sino que, según sostiene la acusación, tenían como único objetivo la simulación de gastos por parte de esa entidad para permitir "una alteración" de sus declaraciones tributarias. Junto a este hombre, también está acusada su mujer, M.C.D.F., ya que supuestamente, cuando el empresario se vio acuciado por las deudas con la Agencia Tributaria, "acordó" con su esposa fingir la compraventa de un bajo de más de 300 metros cuadrados para evitar que le fuese embargado.
El juicio se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo. El fiscal, según consta en su escrito, acusa al empresario de cuatro delitos contra la Hacienda Pública -en relación con el IVA y el Impuesto de Sociedades de los períodos tributarios de 2005 y 2006-, un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de insolvencia punible. Por todos ellos, solicita que sea condenado a penas que suman 8 años y 9 meses de cárcel, así como 857.290 euros en multas. En concepto de responsabilidad civil, demanda que este hombre, con la responsabilidad civil directa de la empresa, indemnice a la Agencia Tributaria en más de 821.000 euros, el importe de las cuotas presuntamente defraudadas. En el caso de la esposa, a la que únicamente se le acusa de la insolvencia punible, la petición es de un año de cárcel y multa de 4.050 euros.
Poder notarial
La constructora fue constituida en 2004. Aunque formalmente constaba como administrador único un hijo del acusado, el joven, que se dedicaba profesionalmente al fútbol, no tenía nada más que ver con la misma ni con su gestión: había otorgado poder notarial a su padre, quien era, dice el fiscal, "quien atendía personalmente y de modo exclusivo la gestión de la sociedad en todos sus aspectos".
Los hechos se remontan a hace ya más de una década, a 2005 y 2006. El fiscal dice que, junto con la gestión de la constructora, el acusado estaba dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en su epígrafe de albañilería y pequeños trabajos de construcción. Supuestamente, emitió casi 1.200 facturas a cargo de la empresa y de su hijo por valor total de más de 800.000 euros que no respondían "a la efectiva realización de trabajos". Al mismo tiempo, se habría concertado con un amigo ya fallecido para hacer otro tanto a su nombre, emitiéndose un número idéntico de facturas contra su constructora. El procedimiento de inspección tributaria por estos hechos arrancó en 2008.
