La integración de Vigo en el plan de transporte metropolitano parece abocada a resolverse en los tribunales. El desacuerdo entre la Xunta y el Concello es total respecto a la financiación de los viajes dentro del municipio y además ambas partes se acusan mutuamente de entorpecer el desarrollo técnico del proyecto con diferencias de criterio sobre las canceladoras y los programas de lectura de las tarjetas de los usuarios. La comisión de seguimiento convocada ayer por la Consellería de Infraestructuras sirvió para evidenciar las diferencias por ahora insalvables en la interpretación del convenio firmado en julio y dejó como novedad la propuesta de la conselleira Ethel Vázquez de promover una votación para que los alcaldes se posicionen y dejen claro si respaldan la postura de la Xunta o el modelo de transporte propuesto por Vigo. Tal y como figura en el convenio del transporte metropolitano, en esa votación el Gobierno gallego tiene garantizada la victoria al contar ya de partida con el 50% de los votos más el voto de calidad de la conselleira.

Ethel Vázquez intentó ayer que los representantes de doce municipios dejaran ya fijada su postura. Pero tal y como explicó a la salida la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, algunos se opusieron porque entendían "que para votar algo se nos tenía que haber remitido previamente el contenido del convenio firmado con Vigo". La regidora nacionalista lamentó que la comisión de seguimiento "se centrara en cuestiones que interesan a la Xunta" y no se dejase a los alcaldes incluir más puntos en el orden del día. Reclamó a todos los presentes "que se aparque el debate político y nos centremos en resolver problemas" y respaldó, al igual que los otros siete alcaldes que siguen formando parte del Área Metropolitana, que se ponga en marcha el transporte al menos con un transbordo gratuito en la capital como plantea el Concello de Vigo antes que mantener el proyecto parado.

La principal divergencia es que Infraestructuras quiere que la tarjeta azul del transporte metropolitano pueda utilizarse para combinar viajes interurbanos con urbanos dentro del municipio de Vigo y también que pueda dársele un uso equivalente al de la tarjeta verde de Vitrasa y que una persona que llegue a Vigo en su vehículo particular pueda luego beneficiarse de descuentos moviéndose en exclusiva en transporte urbano, cuya subvención recae sobre el gobierno vigués, que se opone a este planteamiento. "Feijóo revienta el Área y ahora también el transporte metropolitano al promover una votación en la que tienen mayoría garantizada. Lo que pretenden es una imposición, no una votación", sostienen desde el Concello de Vigo. "Nos están chantajeando para que paguemos más allá de lo que pone el convenio", valoró Abel Caballero.

El segundo teniente de alcalde y edil de Fomento, David Regades, insistió en que los ocho alcaldes de Vigo, Nigrán, Porriño, Cangas, Moaña, Gondomar, Fornelos y Salceda de Caselas respaldan la interpretación del convenio que hace Vigo, ofreciendo un transbordo gratuito de entrada a la ciudad y otro de salida, siempre condicionados a que el usuario proceda o se dirija a un autobús interurbano. Y apuntó además que en la reunión "algún alcalde más" estaría dispuestos a respaldarlo. "Hay luz verde a nuestro modelo, pero el PP quiere reventar el transporte igual que hizo con el Área porque no asume que Caballero la preside", denunció Regades.

El desacuerdo es tal que mientras Vigo mantiene que aún este lunes 16 la Xunta le planteó "nuevos cambios" en el programa informático de lectura de tarjetas que debe presentar el Concello y que las canceladoras "están más que revisadas", la conselleira de Infraestructuras reiteró minutos después que "Vigo no presentó dispositivos de cobro adaptados".

Vázquez aseguró de forma rotunda que desde Vigo "no se remitieron las canceladoras para que las tarjetas metropolitanas funcionen en el Vitrasa" dejando la responsabilidad el manos de la administración local. Respecto a las condiciones del transporte, defendió que lo más "transparente" es volver a convocar una nueva comisión de seguimiento para analizar "lo que dicen los técnicos y jurídicos" y evitar "interpretaciones".

En representación de los seis alcaldes del PP intervino la regidora de Mos, Nidia Arévalo, que considera un "engaño" la postura de Vigo y advirtió que "de saber hace un año que se incumpliría el convenio ni yo, y puedo hablar por otros cinco más, hubiéramos entrado en el Área ni estaríamos en este debate". "El transporte es la condición imprescindible para que haya futuro en el Área", recalcó la popular.