El gobierno local recibe de nuevo el respaldo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo para cobrar una tasa por la utilización privativa del suelo o el subsuelo de dominio público local a las operadoras de telefonía. La última sentencia notificada a la Concejalía de Hacienda desestima las pretensiones de Orange, que cuestionaba tanto la seguridad jurídica de la ordenanza viguesa modificada en 2013 como los valores de mercado aplicados por Vigo para gravar la instalación de microceldas, antenas, repetidores y otros elementos similares en fachadas de edificios, construcciones y mobiliario urbano.
El fallo concluye que el uso o aprovechamiento del dominio público por parte de estas multinacionales "impide utilizaciones alternativas necesarias también para atender otros servicios básicos de interés como abastecimiento, saneamiento o alumbrado" y "para optimizarlo" considera "necesario" aplicar una tasa que lo grave.
En cuanto a los coeficientes que se fijan en función de la categoría fiscal de las calles, el magistrado señala que "no hay indicios de que el importe disuada a la empresa de operar en el mercado" y ve que queda "justificada" la necesidad de la tasa contra la que llevan años litigando las tres multinacionales que dominan el mercado.
El gobierno local, tras las dudas despejadas en los últimos meses, presupuestó para 2017 la recaudación de 800.000 euros por este concepto. En la sentencia se explica que Orange es propietaria en la actualidad de más de 32 kilómetros de redes de comunicación que ocupan dominio público en Vigo. El juez considera que la ordenanza viguesa respeta los principios de objetividad, proporcionalidad, no discriminación y que busca un uso óptimo del suelo y el subsuelo.
