El abandono de las instalaciones de la antigua cárcel de Vigo ha degenerado en un estado calamitoso. Un bosque de maleza amenaza con ocultar por completo las viejas edificaciones, alcanza ya al colegio Lope de Vega y ahora se extiende hacia la glorieta de acceso a la Avenida de Madrid. Con la bichería asentada en esta selva, la suciedad acumulada y las idas y venidas de los ocupas deben convivir los alumnos durante el recreo además de los residentes del entorno. La ampliación del contiguo Centro de Inserción Social (CIS) Carmen Avendaño proyectado sobre la parcela del presidio cerrado frenaría la degradación en estos 7.000 m2. Pero desde que el Ministerio de Interior descartó de forma definitiva hace tres años esa actuación por los recortes presupuestarios, la situación del recinto ha empeorado hasta el punto de que los vecinos temen que se produzcan graves siniestros.

Manuel Saá Martínez, presidente de la Asociación Vecinal de San Roque, solicitó al Concello de Vigo el pasado noviembre que exigiese al Ministerio de Interior "un mejor mantenimiento" de la antigua cárcel. "La maleza de los patios sube hasta los tejados. De haber un incendio sería muy grave puesto que en la zona está el Colegio Lope de Vega y el CIS", incide en su escrito.

Este periódico intentó recabar la postura del ministerio sobre la denuncia vecinal. Se limitó a decir que la propiedad pertenecía a la Secretaría General de Instituciones Penitencias, por cuanto correspondía a esta institución pronunciarse. Transcurrido más de un mes, el silencio de Instituciones Penitenciarias confirma la sospecha vecinal en cuanto a la ausencia de planes para esta parcela, abocándola a un olvido "que acabará cualquier día en una desgracia", alerta Saá Martínez.

El desinterés del departamento de Interior por sus terrenos en Vigo tampoco ha llamado la atención de quienes habían criticado la retirada del proyecto de ampliación, como los sindicatos, que llegaron a calificar la obra de urgente por la masificación del CIS. Para esta actuación, los Presupuestos Generales del Estado de 2012 aún reservaban 10 millones, pero al siguiente ejercicio desapareció esta partida. Los vecinos de San Roque lamentan que el Gobierno descuide de esa forma un patrimonio y recalcan que "mantener la parcela decente es su obligación".