La iniciativa de los jefes del Puesto de Inspección Fronterizo del Puerto de Vigo (PIF) con el objetivo de acallar al presidente de la Autoridad Portuaria ha fracasado. Presentaron una denuncia ante la Subdelegación del Gobierno al considerar "ofensivas" y "falsas" las manifestaciones de Enrique López Veiga en las que cuestionaba la gestión de estos funcionarios en el despacho de mercancías en Guixar. Pero la Oficina de Conflictos de Intereses -dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública- encargada de tramitar la queja decretó ayer el archivo del expediente por presunta infracción disciplinaria leve tras analizar las alegaciones del dirigente portuario. En estas, lejos de retractarse, López Veiga se reitera en culpar a la actitud del personal del PIF, en coincidencia con las organizaciones empresariales, del desvío de tráficos a puertos de Portugal, e interpreta la denuncia como un intento de los inspectores de "imponer el silencio a la legítima libertad de expresión, base de cualquier democracia, mediante un expediente mordaza administrativo".
Manuel Mazoy Fernández (jefe del PIF), Ana Martínez Fernández (Coordinadora de Sanidad Exterior) e Iria Solla Bértolo (jefa de la Dependencia de Sanidad) firman la denuncia remitida el 19 de octubre a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. La acompañan de un dosier de artículos publicados por FARO y otros medios que recogen las declaraciones del presidente del Puerto criticando el "exceso de celo" de los funcionarios de Guixar y atribuyéndoles "rechazos y retenciones de mercancías injustificadas".
El departamento dirigido por el entonces subdelegado Antonio Coello reenvió la denuncia a la Oficina de Conflictos de Intereses, que el pasado 1 de diciembre informó a Enrique López Veiga del inicio de las actuaciones previas a un procedimiento sancionador para determinar si sus comentarios podían ser ofensivos para los citados empleados públicos. Basó este procedimiento en el artículo 29.3 a) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre "de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno" que tipifica como infracción disciplinaria leve "la incorrección con los superiores, compañeros o subordinados", y daba al presidente del Puerto 15 días para alegar.
Entre las principales consideraciones de los denunciantes, en la primera aseguran que desde que López Veiga tomó posesión del cargo "solamente tuvimos dos encuentros". En esto se apoyan para aseverar que el presidente se basa "en informaciones del sector, única parte creíble para él, ya que nunca se interesó en tener información de la otra parte, el PIF". En ese sentido Veiga contesta que los inspectores "omiten maliciosamente" algunas de las reuniones. Como la celebrada en su despacho referente al tema de las naranjas sudafricanas donde, asegura, en presencia de testigos como el exsubdelegado, "tuvo como objeto la búsqueda de una solución justa a los problemas planteados".
Los denunciantes afirman que las "descalificaciones y amenazas de remoción de su puesto de trabajo a los funcionarios del PIF" lanzadas por López Veiga son "actos" que pretenden "dificultar o impedir la labor de estos funcionarios por informaciones de los empresarios sin contrastar o comprobar su veracidad". Así que rechazan todas las manifestaciones "por ser falsas, tendenciosas, menospreciando la función administrativa de los funcionarios del PIF y por ser causantes de un perjuicio profesional, familiar y social que afecta a todos los trabajadores del puesto". A su juicio, a un responsable de la administración institucional, "al menos se le debe exigir un respeto a la actuación de cualquier otro órgano administrativo".
Respecto al argumento de "falsedad", el aludido recuerda a los inspectores que "no se pueden tildar de falsos los hechos por el mero hecho de que no hayan sido certificados por los funcionarios que suscriben la denuncia". En este sentido cita las denuncias públicas sobre las "trabas" de los inspectores formuladas "por entidades de solvencia", entre otras, la Comisión de Puertos de la Confederación de Empresarios, aunque por otra parte incide en que son hechos "denunciados sistemáticamente y de manera verbal por representantes de los usuarios". "Y en ocasiones en presencia de otros representantes de la Autoridad Portuaria, que ser necesario se recabaría testimonio", añade.
"Se rige por posiciones clientelares"
Los jefes del PIF reprochan a López Veiga que no respete los principios éticos del artículo 45 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público al afirmar que su actuación "no contribuye a la cooperación, colaboración y coordinación entre administraciones y porque en todo momento nos ataca esgrimiendo intereses comerciales y dejando a un lado el interés general de los ciudadanos como es el derecho a consumir alimentos seguros e inocuos". "Es decir se rige por posiciones clientelares al margen de la sanidad pública", resumen.
Esta acusación, concluye López Veiga, debe llevar a una "seria reflexión" sobre cómo tienden a interpretar estos funcionarios las normas en el sentido de "que pudieran dar la razón a las quejas expresadas tanto por el que suscribe como por una gran parte de los usuarios del Puerto de Vigo que tienen todos los derechos a expresar sus quejas tanto pública como privadamente". En primer lugar Veiga recalca el "error" de los denunciantes al invocar al incumplimiento por su parte del Estatuto de Empleado Público cuando "no es de aplicación al presidente de una Autoridad Portuaria ni a ningún otro alto cargo político". Pero lo que considera realmente grave es que se le acuse de no respetar la Constitución e incluso sugieran que prevarica, hasta el punto de que advierte que se reservará su derecho a "reclamar ante las instancias judiciales".
