La secretaria xeral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarnación Rivas, y la concejala viguesa María José Caride se reunieron ayer para abordar los nuevos instrumentos de ordenación provisional recogidos en la ley de medidas, así como las dudas de interpretación de la corporación local.
En este encuentro de carácter técnico, al que también asistió el delegado territorial de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chaves, Rivas recordó que aún está abierto el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas.
La Administración autonómica destaca que estas herramientas suponen "ventajas" para los municipios que, como Vigo, tienen anulado su planeamiento, y hacen posible "evitar la paralización" urbanística bajo la premisa del cumplimiento de las sentencias judiciales.
Uno de los requisitos exigidos a los municipios que la vayan a aplicar es que el procedimiento de la contratación de la redacción de un nuevo plan se encuentre al menos ya iniciado.
Estas medidas de carácter provisional, que tendrán un procedimiento de aprobación abreviada, darán cumplimiento a la sentencias judiciales y exigirán los informes pertinentes para dotarlos "de todas las garantías jurídicas".
En el encuentro de ayer con la concejala viguesa de Urbanismo, la secretaria xeral de Ordenación reiteró el ofrecimiento del Gobierno gallego para colaborar y asesorar al Concello en lo que precise.
