El último juzgado de lo Social que se creó en Vigo se inauguró en el edificio que entonces había en la Puerta del Sol. Una circunstancia que ejemplifica a la perfección el largo período transcurrido desde que Vigo no dispone de una nueva sala titular dedicada a pleitos laborales. Concretamente pasaron tres décadas, ya que aquel tribunal, el quinto especializado en la materia, se puso en marcha en 1986. Desde entonces, el paso del tiempo y sobre todo la crisis económica que golpeó con fuerza a esta jurisdicción en forma de avalancha de litigios, sobre todo despidos, provocó que la judicatura viguesa valorase como una de las mayores necesidades de la urbe olívica que se le otorgase de forma definitiva el sexto juzgado, que ahora solo funciona como medida temporal a modo de refuerzo y con una plantilla limitada de funcionarios. Sin embargo, esta solicitud deberá esperar. En la relación de órganos judiciales que se crearán en Galicia tras años sin nuevas dotaciones, anunciada tras la última Comisión Mixta entre Xunta y Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), no está esta sala ya que en el caso de Vigo únicamente se habilitará la tercera de Familia, otra de las demandas prioritarias.
Los datos avalan la necesidad de un nuevo juzgado de lo Social, solicitud defendida por magistrados, abogados y procuradores y que, además, también fue refrendada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o por el propio TSXG en sus memorias anuales. Cogiendo como base los módulos de trabajo elaborados por el Poder Judicial, cada sala de esta materia no debería asumir anualmente más de 800 asuntos. Eso significa que la carga máxima idónea para los cinco juzgados titulares vigueses tendría que situarse en 4.000 pleitos.
Pero los tribunales de la ciudad han superado siempre con creces estas cifras, incluso en tiempos de bonanza económica. En 2006 por ejemplo, cuando aún no había estallado la crisis, sumaron en total más de 4.800 pleitos. Y con la inestabilidad económica la litigiosidad se disparó hasta números de auténtico récord, superándose en los ejercicios más difíciles los 6.500 asuntos. Aunque el volumen de litigios empezó a descender a partir de 2014, se sigue por encima de las 5.000 demandas anuales, dándose además la circunstancia de que en este 2016 se ha registrado un repunte: las salas ya suman a día de hoy más de 5.200 causas, casi un 9% más que en 2015 por las mismas fechas. Ya son más litigios que en todo el año anterior completo.
¿Cuál ha sido el balance global de la crisis en estos juzgados? Desde 2008 que estalló esa situación hasta la actualidad en que aún se sienten sus efectos, un largo período de 9 años, los tribunales laborales de Vigo registraron la friolera de 54.356 asuntos. Si se tienen en cuenta los módulos de carga de trabajo recomendada para los cinco tribunales titulares, en este tiempo la cifra máxima idónea no debería haber sido superior a 36.000: esto significa que se contabilizaron 18.356 asuntos más de los que aconseja el Poder Judicial. Si se hace el mismo cálculo teniendo en cuenta la sexta sala de refuerzo -aunque ésta no entró en funcionamiento hasta 2013-, el volumen de litigios idóneo tendría que haberse situado en 43.200, con lo que aún así los magistrados se toparon con 11.156 litigios más de los recomendados.
Como ya expuso más veces, el juez decano de Vigo -que conoce de primera mano la problemática ya que es titular del Juzgado de lo Social 2- insiste de nuevo en la necesidad de que Vigo cuente por fin con la sexta sala laboral definitiva. "Las estadísticas demuestran que es una necesidad estructural y no coyuntural", afirma, recordando el repunte de casos de este 2016. ¿La razón del aumento? Aunque en despidos hubo un ligero descenso -hubo 905 demandas de esta materia frente a las 945 en 2015-, crecieron un 18% los litigios sobre salarios y cantidades, que se sitúan ya, a falta de varias semanas para terminar el año, en más de 1.800.
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"Los años de refuerzo constante evidencian que se precisa la sala"
El juez de apoyo recuerda que tiene menos funcionarios y que sufren la falta de espacio
- A falta de un nuevo juzgado de lo Social, la medida de apoyo que se adoptó dado el incremento de litigiosidad que vino derivado de la crisis fue poner en marcha un refuerzo formado por un magistrado, un letrado de la Administración de Justicia y cinco funcionarios. En abril de 2017 se cumplirán cuatro años desde que se puso en marcha esta solución. "Asumimos el trabajo en condiciones de igualdad con el resto de juzgados laborales, pero tenemos una plantilla menor de funcionarios (las salas titulares tienen ocho ), seguimos desperdigados en varias estancias del edificio por la falta de espacio y tampoco disponemos de sala de vistas propia, tenemos que usar las que dejan libres los demás", afirma el magistrado de refuerzo, Alejandro Couselo.En sintonía con el resto de jueces, no tiene duda de que, por su carga de trabajo, Vigo necesita de una vez por todas un sexto tribunal con carácter definitivo. "Cuatro años de refuerzo constante como llevamos evidencian que la necesidad es estructural", concluye.
El CGPJ felicita a los jueces Germán Serrano y Alejandro Couselo
Destaca la "buena marcha" de los tribunales en relación con las demandas que registran
- Pese a la sobrecarga de asuntos existente, la alta productividad de los magistrados de lo Social de Vigo, por encima de los módulos que se exigen, ha permitido que las salas no acumulen ni gran número de casos pendientes ni demora en la celebración de juicios. Algo que ha llamado la atención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En su momento ya felicitó por este motivo al titular del Juzgado de lo Social número 1, José Manuel Díaz, y ahora son otros dos magistrados laborales, el también juez decano Germán Serrano y el juez de apoyo Alejandro Couselo, los que recibieron sendas cartas del órgano de gobierno de los jueces destacando que, en relación con las demandas que ingresan, sus juzgados y en general todos los de Vigo destacan "por su mejor situación objetiva" en cuanto a pendencia. El Poder Judicial agradece el "esfuerzo y dedicación" y hace extensible el reconocimiento al resto de la plantilla de estos tribunales: los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios.
