La Universidad de Vigo debe pagar 7.500 euros a los alumnos de Ciencias Policiales por ofertar un título que no podía emitir. Sin embargo, de los aproximadamente 100 estudiantes perjudicados tan solo alrededor de 25 cobrarán dicha cuantía. "El problema es que al pasar la causa del órgano penal al administrativo, los plazos para presentar alegaciones se redujeron de manera considerable", señala Celso Paz, responsable de la plataforma de afectados, quien añade que "al existir las tasas judiciales por aquel entonces, muchos no pudieron costeárselas, por lo que no pudieron tramitar sus denuncias".
Con la sentencia en la mano, el colectivo se siente satisfecho por el dictamen del juez, aunque manifiestan su decepción porque los encargados de la titulación salgan airosos. "No es justo que se archive la querella contra el director que nos engañó a todos nosotros, pero respetamos la decisión del juez, tal y como hemos hecho hasta ahora", explica Paz. Desde el colectivo también critican que el juez no haya tenido en cuenta su denuncia por las horas lectivas no impartidas. "Se ha creído la versión de la Universidad, que señaló que la titulación se regía por la normativa del Plan Bolonia cuando es imposible que sea así porque es un título propio", lamenta el responsable de la plataforma.
Lo que sí celebran, más que la suma que recibirán, es que la justicia les haya dado la razón. "Una persona neutral dice que fuimos engañados y que la Universidad de Vigo nos defraudó, y eso nos produce una satisfacción inmensa", comenta Paz.
Por su parte, la Universidad acepta la condena aunque advierte que en ningún momento trataron de engañar a los alumnos. "Pagaremos lo que se nos indique con la máxima celeridad pero seguimos advirtiendo que en ningún momento hubo fraude, sino un error mayúsculo a la hora de ofertar un título", explicaban ayer fuentes de la institución.
