02 de diciembre de 2016
02.12.2016

La Universidad condenada a pagar 157.500 euros a 21 alumnos de Ciencias Policiales

El juez obliga a la institución a abonar 7.500 euros a cada uno de los afectados porque cometió "fraude y engaño absoluto" al ofertar un título que no podía conceder - No cabe recurso

02.12.2016 | 02:12
La Universidad condenada a pagar 157.500 euros a 21 alumnos de Ciencias Policiales

El juez obliga a la Universidad de Vigo a pagar 7.500 euros de forma individual a 21 alumnos de Ciencias Policiales por ofertar un título que no estaba en condiciones de emitir, hecho que ya había sido reconocido anteriormente por el Valedor do Pobo, el Tribunal de Garantías de la propia institución académica y el Consello Consultivo de Galicia.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Vigo, contra la que no cabe recurso de apelación, estima que hubo "fraude y engaño absoluto" contra los alumnos matriculados y establece una indemnización para cada uno de los reclamantes de 5.000 euros por daños patrimoniales a la que se suman otros 2.500 por daños morales.

El magistrado Antonio Martínez Quintanar también considera insuficiente la indemnización de 3.000 euros que decidió conceder la Universidad en 2015 atendiendo la recomendación del Consello Consultivo de Galicia. Asimismo, establece que las cantidades ya abonadas se descuenten de los 7.500 euros estipulados en la sentencia.

"Queda demostrado judicialmente que teníamos razón después de una guerra muy difícil en la que la Universidad optó por reírse de nosotros", señala Celso Paz, el responsable de la plataforma de afectados que inició este proceso hace tres años.

El colectivo, que ha estado defendido en esta sentencia por el abogado Santiago Nandín, todavía está pendiente de la resolución de la demanda presentada por otro grupo de estudiantes, que esperan que siga "la misma dirección", y de otro proceso iniciado por una alumna que también denunció irregularidades académicas.

La sentencia del Contencioso Número 2 establece el "indudable funcionamiento anormal" de la Universidad al ofertar un título intermedio en Criminología que no podía conceder y destaca que éste fue un "elemento decisivo" para que los reclamantes decidiesen matricularse.

A pesar de la satisfacción por la sentencia, el colectivo apunta que el juez ha considerado prescrita su reclamación de indemnización por las horas lectivas no impartidas, que cuantifican en casi 398, y no ha apreciado "voluntad de engaño" a los alumnos por utilizar la palabra "graduado" para referirse a estos estudios cuando era un título propio de la Universidad de Vigo y no una carrera o grado.

También lamentan el anterior archivo de una querella penal presentada contra el director de la titulación, el profesor Javier de Vicente Remesal.

El título de graduado superior en Ciencias Policiales y Detective Privado, extinguido en 2014, arrancó en el curso 2005/06 y a los pocos meses de su estreno decidió escindirse en dos titulaciones. Tras finalizar los dos primeros cursos, los alumnos recibieron la acreditación de un curso de formación de técnico en Criminología en lugar del diploma oficial y con habilitaciones profesionales que les había prometido la Universidad cuando se matricularon.

Además, los afectados denunciaron el cobro indebido de tasas, la falta de calidad de los planes de estudio y varias irregularidades en la composición de los tribunales que debían evaluar sus proyectos fin de carrera.

Investigación interna

A pesar de que el Tribunal de Garantías reconoció que el título de Criminología ofertado "no era posible ni factible" y que el Valedor do Pobo recriminó a la Universidad la "grave irresponsabilidad" cometida por anunciar unos estudios que no podía impartir instándola a atender "con urgencia" las reclamaciones, el Rectorado constató en 2014 su "correcto proceder" tras ocho meses de investigación interna a raíz de las denuncias presentadas por los afectados.

Este informe no fue óbice, sin embargo, para que la Universidad aceptase un año después las recomendaciones del Consello Consultivo de Galicia para indemnizar con 3.000 euros a los afectados.

Durante los últimos tres años, la plataforma de afectados de Ciencias Policiales ha recurrido a diferentes procesos judiciales y se ha reunido con diputados de diferentes partidos en el Congreso y también con parlamentarios gallegos para exponer su caso.

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