El convenio marco de incorporación de Vigo al transporte metropolitano y el dictamen del Consello Consultivo emitido el miércoles coinciden en que la fórmula para resolver las discrepancias es acudir a la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los tiempos de respuesta de una hipotética consulta varían en función de si se acude a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vigo o si la competencia reside en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Así, fuentes jurídicas consultadas por FARO señalan que en el primero de los casos la resolución judicial se demoraría una media de ocho meses mientras que en el caso del Tribunal Gallego la espera puede alargarse hasta los dos años, dependiendo en todo caso de la sala en la que recaiga el expediente. Las mismas fuentes recuerdan que las demandas entre administraciones públicas tienen preferencia pero incluso así existe una larga tramitación al tratarse de un prodecimiento ordinario (PO) en lugar de uno abreviado.

Los dos actores implicados, Concello de Vigo y Xunta, difieren en la interpretación del convenio marco que suscribieron el 6 de julio para que el primero se incorporase al transporte metropolitano de Galicia. Abel Caballero considera que Vigo debe cofinanciar con la Xunta el primer trasbordo de llegada y de salida, es decir, el primer viaje en un Vitrasa tras llegar en un autobús interurbano y a la inversa. Aportaría 0,46 euros por los 0,86 que pondría la Administración autonómica ya que dicho trasbordo sería gratuito. A partir de ahí, el primer trasbordo de un Vitrasa a otro sería también gratuito pero lo que rechaza el alcalde vigués es equiparar la "tarjeta verde" -que disfrutan solo los empadronados- con la tarjeta metropolitana y que por lo tanto los viajes urbanos sean ilimitados a 0,86 euros sin necesidad de que haya trasbordo previo desde un interurbano. Alega Caballero que la diferencia hasta los 1,32 euros que cuesta el billete, esto es, otros 0,46, saldrían de las arcas municipales.

Esta última interpretación es la que hace la Xunta del convenio y la que se aplica en el resto de ciudades gallegas adheridas al transporte metropolitano si bien en éstas no existían descuentos previos para los empadronados.

Las discrepancias en este punto tendrían pues que dirimirse ante la sala de lo Contencioso-Administrativa, a la que Cababallero pide que acuda la Xunta asegurando además que Vigo acatará la sentencia sin recurrirla, sea la que sea.

Mientras tanto, el ya presidente del Área Metropolitana propone que, en cuanto las máquinas canceladoras estén homologadas Vigo se sume al transporte metropolitano tal y como lo concibe.