Ya pasaron más de siete años desde que un juzgado de Instrucción de Vigo, el número 6, iniciaba la investigación de la que se iba a convertir en la mayor trama de fraude fiscal con facturas falsas detectada en Galicia. En el epicentro de la megacausa se encontraba Las 5 Jotas, un grupo empresarial muy conocido por sus casas de madera. Desde aquel 2009 en que se incoaron las primeras diligencias el caso ha tenido un amplio recorrido judicial. La instrucción ya finalizó y, dado que el asunto se dividió en piezas separadas, a día de hoy ya se celebraron en los juzgados de lo Penal vigueses más de 85 juicios que derivaron en otras tantas sentencias condenatorias: la mayoría son firmes tras ser revisadas, previa formulación de recursos, por la Audiencia Provincial de Pontevedra. Las vistas que restan prácticamente se pueden contar con los dedos de una mano, al apenas suponer media docena. Pero no será una recta final cualquiera, ya que entre los procesos pendientes están algunos de los más importantes de la causa: además del referido a la trama bancaria, para esta última fase quedan los juicios contra al menos cuatro empresas en las que el valor de las facturas falsas en juego supera en total los 13 millones de euros. Y el fraude a la Hacienda Pública asciende a más de 5 millones.
Ayer había señalados dos de estos últimos juicios en el Juzgado de lo Penal número 2. Los procesos corrieron distinta suerte: uno, referido a Talleres Ganomagoga, escribió su último capítulo con un acuerdo de conformidad y el segundo, de Konstrunorest, empresa del sector de la construcción, se suspendió tras presentar el nuevo abogado defensor del administrador de la firma más de 1.500 folios de prueba documental con los que esta parte quiere demostrar que ni las facturas en juego son ficticias y que además existió un "error contable" que provocó que determinada facturación no se enviase a Hacienda y por ello, alegan, que no se computase.
Desde A Lama
En todos los juicios de esta causa están acusados José Manuel Costas -jefe de Las 5 Jotas y declarado en rebeldía ya que desde el pasado verano está en paradero desconocido- y su hermano Jacobo, que al contrario que el anterior ingresó en prisión para cumplir su condena por esta causa. Ayer, para comparecer en los juicios, fue trasladado desde el penal de A Lama. Lo hizo en el de Talleres Ganomagoga, donde también se sentó en el banquillo C.G.L., administrador de esa empresa al tiempo de los hechos. En 2006, 2007 y 2008, tras concertarse con José Manuel Costas, la firma recibió facturas ficticias por valor de casi 1,9 millones, cometiéndose un fraude fiscal que superó los 660.000 euros. Esta cantidad, junto a los 280.000 de intereses, ya fue abonada a la Agencia Tributaria. El responsable de la firma aceptó en la vista una pena de cárcel y multa de 430.000 euros.
El juicio de la empresa del sector de la construcción Konstrunorest se suspendió tras la ingente nueva documentación aportada por el abogado defensor en la fase de cuestiones previas. El nuevo aplazamiento de este proceso causó el enfado de varios testigos que esperaban en los pasillos. En este caso de nuevo las presuntas facturas falsas suman un valor millonario: más de 1,4 millones. Y el fraude fiscal que se atribuye en los ejercicios de 2007 y 2008 se sitúa en los 282.00 euros.
El que también podría correr riesgo de suspenderse, otra vez, es uno de los juicios más importantes de la trama, previsto para la recta final de este noviembre. El administrador y representante legal de Darzal Consultoría y Prevención S.L., Itevivienda S.L. y Delft Formación y Auditorías S.L. afronta 40 años de prisión. El fiscal sostiene que entre 2005 y 2009 dichas empresas -sobre todo Darzal- recibieron facturas mendaces por un total de 8,6 millones de euros de base y 1,3 de IVA. El presunto fraude a Hacienda superaría los 3,9 millones. La vista está prevista en un juzgado de lo Penal, pero la defensa ya ha anunciado a las partes que formulará una cuestión de competencia relativa a la Audiencia Provincial de Pontevedra. Esta cuestión sobre qué órgano es competente para enjuiciar podría retrasar aún más la vista. Y en este tramo final de la megacausa resta también la vista en la que la Fiscalía pide 8 años de cárcel para el empresario Juan Lago Pérez por haber recibido facturas falsas por valor supuestamente de 1,1 millones cuando estaba al frente de Feyju Galicia S.L.
