La conselleira de Infraestructuras y Vivienda, Ethel Vázquez, negó que un "problema técnico" en la validación por parte de la Xunta de las máquinas canceladoras esté retrasando la incorporación del transporte urbano de Vigo al plan metropolitano.
Vázquez apuntó que todo se debe a un problema "mucho más básico", que radica en que el Ayuntamiento olívico "quiere que los vecinos que no sean de Vigo" abonen 1,32 euros por sus trayectos urbanos y no 0,86 euros, tal y como establece el convenio. "No aceptamos que el resto de los vecinos no paguen 86 céntimos", apuntó la conselleira, que incidió en que es el importe acordado en el resto de municipios. Además, abundó en que tanto Vitrasa como el Concello "son los que tienen la obligación de homologar" las máquinas canceladoras para luego trasladarlas a la Xunta, que se encarga de validarlas.
La conselleira lamentó que, cuatro meses después de la firma del convenio para la incorporación del transporte urbano de la ciudad, este proceso "no marcha como nos gustaría", y adelantó que la Xunta solicitará "que se cumplan los compromisos que se adquirieron".
Por su parte, Ángel Rodal, alcalde de Baiona solicitó al Ayuntamiento de Vigo que "cumpla como los demás" municipios implicados y que ya introdujeron en sus presupuestos "las partidas económicas correspondientes para el que el plan de transporte metropolitano beneficie a todos".
Por último, Ethel Vázquez reconoció que"la ley es clara para todos los implicados" y establece que "la entrada en funcionamiento del área será tras la incorporación efectiva del transporte urbano de Vigo", aunque matizó que no es la Xunta la que debe tomar esa decisión, sino "las partes jurídicas". Mientras tanto, y más de cuatro meses después, el acuerdo sigue pendiente de hacerse efectivo en los ayuntamientos implicados.
